Por décadas el transporte informal, conocido como “piratas”, ha representado no solo un problema para las autoridades, sino también una amenaza para el servicio formal de transporte remunerado de personas.
Ello porque drena de forma persistente la demanda de pasajeros, lo que incide de manera directa en la tarifa que paga el usuario.
Ante ese escenario, la Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS) pidió a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) retomar el convenio para sancionar junto con la Policía de Tránsito a quienes sean atrapados realizando esta actividad ilegal.
La presidente de la organización, Silvia Bolaños, comentó que la solicitud se da porque la situación ha dado incluso al traste con la operación de algunas rutas que están “prácticamente tomadas por piratas como es el caso de la zona Atlántica”.
Añadió que, prueba de ello es que recientemente se devolvieron 2 rutas más al Consejo de Transporte Público (CTP).
Desde la Cámara reconocen que hay limitación de recursos en la Policía de Tránsito y falta de espacio para resguardar vehículos detenidos. No obstante, consideran que eso no se debe usar como excusa para no actuar.
Indicaron que incluso se han dado sugerencias para suscribir una alianza público – privada con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que permita apoyar e incluso destinar recursos.
“El daño colateral por la casi libre operación de los piratas es evidente, ya que en algunas zonas afecta la calidad del servicio público, porque se disminuye la flota ante la baja demanda e incluso se ha llegado al abandono de algunas rutas”, indicó CANATRANS.
En lo que respecta a ARESEP, señaló que tiene un papel fundamental en esto, ya que, a través de dicho convenio el proceso de sanción es mucho más fuerte.
Lo anterior porque podía darse el retiro de circulación del vehículo y una sanción económica mayor, la cual actualmente va desde ₡1,2 hasta los ₡8 millones, con lo que se desestimula la comisión de estas infracciones.
Transporte informal ha crecido en número y modalidades
Según detalló la Cámara, en los últimos años el transporte informal ha crecido en cuanto a número de prestadores y las modalidades de servicio, agravando aún más la situación de los prestadores formales.
Además, a eso se suma que se han visto perjudicados por los efectos de la pandemia del 2020 y la crisis de la escalada en los precios de los combustibles.
En esa línea, señalaron que para proteger el volumen de pasajeros transportados, del cual dependen los ingresos necesarios para cubrir los costos de operación, solo el Estado tiene la potestad como autoridad que regula el servicio; es decir, debe sancionar esa conducta ilegal.
Bolaños manifestó que la informalidad es un tema que debe atacarse de raíz y entender que, al igual que pasa con el servicio de agua o energía, se está usurpando un servicio público.
Por ello, también hizo un llamado a los legisladores para que se establezcan sanciones más severas a quienes brinden estos servicios sin autorización previa del Estado.
