La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate en la Plena III el proyecto de Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero. La nueva norma establece la responsabilidad directa de las entidades financieras cuando se produzca la sustracción de fondos por parte de un tercero no autorizado.
La ley obliga a los bancos a restituir el dinero a las víctimas de estafas electrónicas, salvo que demuestren una causa legal que los exonere de responsabilidad.
La reforma incorpora a todas las entidades supervisadas por la Ley Orgánica del Banco Central dentro del régimen de responsabilidad objetiva de la Ley 7472. Esto implica que deberán responder por los daños en cuentas bancarias sin que la persona usuaria tenga que probar negligencia.
El texto establece un procedimiento definido para presentar reclamos. La persona afectada tendrá 30 días naturales para acudir a la entidad financiera y deberá aportar copia de la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial. El banco contará con 30 días naturales para investigar y resolver. Ese plazo podrá ampliarse una sola vez por diez días hábiles.
Si la entidad rechaza el reclamo, deberá fundamentar su decisión con respaldo técnico y remitir el expediente a la Superintendencia General de Entidades Financieras. La SUGEF dispondrá de diez días hábiles para validar la resolución. Si no la confirma, el banco deberá devolver el dinero en un máximo de diez días hábiles.
Cuando el reclamo sea declarado procedente, la restitución deberá hacerse en un plazo de diez días naturales. La entidad también deberá eliminar intereses y cargos generados por la estafa. Además, será responsable por cualquier transacción no autorizada que ocurra después del aviso formal del cliente.
La ley introduce la inversión de la carga de la prueba en favor del consumidor en procesos administrativos y judiciales relacionados con fraudes financieros. También establece sanciones penales para quienes simulen un fraude con el fin de obtener un beneficio económico.
Las entidades financieras deberán habilitar canales de atención permanentes, permitir bloqueos inmediatos de productos y emitir constancias de recepción de reclamos. La SUGEF actualizará cada año la normativa de ciberseguridad y supervisará su cumplimiento. El Banco Central reforzará los controles en sus plataformas de pago.
El plan aprobado no dice mayor cosa respecto de la negligencia del cliente, o si este debe demostrar que no incurrió en ninguna falta.
Reacciones del sector bancario
La aprobación del proyecto conllevó indirectamente a un cisma dentro de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC). Los bancos estatales -Banco Nacional y Banco de Costa Rica- así como el Banco Popular renunciaron a esa organización.
El problema se dio debido a que la ABC inicialmente manifestó su respaldo al proyecto, sin que se discutiera entre todos los asociados.
Las entidades manifestaron su desacuerdo con las declaraciones iniciales de un vocero de la Asociación que calificó la reforma como “balanceada y justa” y como un “avance significativo”.
Horas después, la Asociación emitió un comunicado en el que afirmó que el proyecto está lejos de resolver el problema del crimen organizado.
Los bancos estatales y el Popular emitieron un comunicado conjunto en que señalaron que las declaraciones generaron la percepción de un respaldo sectorial a una iniciativa que, según su criterio, tiene implicaciones negativas para la estabilidad del sistema financiero y la seguridad jurídica.
Indicaron que el proyecto podría aumentar costos que se trasladarían a los usuarios mediante mayores tarifas y restricciones al crédito. También advirtieron sobre posibles desequilibrios en el debido proceso, esquemas de responsabilidad desproporcionados y la ausencia del concepto de culpa grave.
Las entidades sostienen que la reforma no asigna responsabilidades directas a los grupos criminales y que podría generar riesgos sistémicos que terminarían afectando a la ciudadanía.
