Una acción interinstitucional entre la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, la Aduana de Caldera y los ministerio de Agricultura y Ganadería y Seguridad Pública, permitió el decomiso de 27.5 toneladas de productos congelados en Puntarenas.
Los mismos, provenientes de China, presentaban irregularidades aduaneras y no contaban con los permisos sanitarios correspondientes.
Por ello, la subdirectora de la Policía Fiscal, Melissa Rodríguez Araya, manifestó que continuarán trabajando en estrecha coordinación con las distintas autoridades nacionales, a fin de proteger a la población y combatir el crimen organizado, el cual afecta las finanzas públicas y la salud de los costarricenses.
Añadió que, estas acciones evidencian el compromiso de Hacienda en su lucha contra el comercio ilícito.
Por su parte, Mario Zamora, ministro de Seguridad, se refirió al trabajo interinstitucional efectuado entre cuerpos policiales.
“Importante este apoyo de Fuerza Pública a nuestros colegas de la Policía de Control Fiscal, haciendo un frente común en la lucha también contra la introducción al país de productos no autorizados”, señaló Zamora.
Seguimiento se venía dando desde diciembre del año pasado
Según detalló Hacienda, la inspección fue producto de un seguimiento y control que se le venía dando a una unidad de transporte desde mediados de diciembre del año pasado.
“La mercancía fue declarada como hortalizas congeladas, tanto en el Conocimiento de Embarque, como en la factura comercial”, apuntó el Ministerio.
Entre los productos decomisados por la PCF estaban distintos tipos de pescado, paquetes de preparaciones alimenticias con origen animal, alitas de pato, patos enteros y carne de tortuga con su caparazón.
Estos fueron trasladados a un depósito fiscal de la jurisdicción de la Aduana de Caldera y se coordinó con las autoridades judiciales para continuar con las investigaciones pertinentes.
Normalización del comercio ilícito preocupa a los comerciantes
Durante su informe anual del 2024, el Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) alertó sobre su preocupación por la creciente normalización de venta y consumo de productos que no pagan impuestos ni respetan los controles de la industria formal.
Según detalló Ricardo Carvajal, director ejecutivo del OBCI, se ha llegado a tal punto que “la marca de cigarrillos más vendida en Costa Rica es ilegal”, en referencia a Gold City, que, aunque está registrada en el país, nunca ha realizado una importación legal de sus productos, según consta en datos públicos del Registro Nacional.
