El transporte público tiene retos importantes que ha venido poniendo sobre la mesa desde hace varios meses e incluso años, siendo el más importante la falta de una política pública que ayude a su reactivación.
Ello porque sienten una merma en la movilización de los usuarios, la cual afecta de manera directa al sector, indicó la presidenta de la Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS), Silvia Bolaños, en entrevista con www.despertar.cr.
Bolaños considera que, si bien es cierto que se debe incentivar y mejorar la calidad del servicio, también se debe priorizar el transporte público masivo mediante políticas de Estado.
“Si continuamos estableciendo políticas para favorecer la privatización del servicio, la movilización de los costarricenses, cada vez más afectamos el servicio público integral y afectamos las tarifas que pagan los usuarios, que son las personas a las que va dirigido el servicio”, afirmó.
Añadió que, se debe apostar por fortalecer la política pública de manera que se le puedan dar condiciones adecuadas a quienes usan el transporte público.
Lo anterior mediante, por ejemplo, carriles exclusivos, vías prioritarias y algunos otros mecanismos que permitan mejorar los tiempos de viaje.
Por otro lado, manifestó que el sector ha vivido un antes y un después de la pandemia del COVID – 19, ya que, fueron uno de los más afectados y hoy siguen sufriendo esos daños colaterales.
En esa línea, señaló que otro de los retos que tienen es devolverle el servicio a más de 100 comunidades que en este momento no lo tienen.
“Producto de esa situación, de la afectación económica que tuvieron las empresas, tuvieron que parar su funcionamiento. Y hoy tenemos muchas comunidades donde el servicio de transporte público no llega”, explicó Bolaños.
Se han encontrado dificultades
El asesor legal de CANATRANS, Orlando Gómez, indicó que lo que se procura desde la Cámara es plantear las gestiones necesarias para que se vayan aprobando vía jurídica y técnica nuevas condiciones, y se establezcan a la hora de operar el servicio.
No obstante, apuntó que las dificultades que han encontrado son propias de como el Estado funciona, ya que, se deben articular las acciones de distintas entidades.
Agregó que, a esto se le suma el reto de que el servicio no se puede detener.
“¿Hacia dónde se quiere ir? Esa es la gran pregunta. Y que se haga de una forma armónica, porque sino, los esfuerzos que realizan pueden más bien terminar de complicar la situación o empezar a cercenar partes del sistema de transporte público”, afirmó Gómez.
Lo planificado debe adaptarse a la nueva realidad
Gómez también mencionó que el transporte público es una actividad que está sujeta a muchas eventualidades, no solo a lo interno de cada empresa que presta el servicio, sino todas las condiciones a la hora de poner el servicio en la carreteras.
Explicó que tras la pandemia, tanto los usuarios, como el Estado y los prestatarios han tenido que adaptarse a una nueva realidad, algo que lleva tiempo.
“Uno de los problemas que se enfrentan es que la cantidad de pasajeros que se venía transportando ha disminuido y se ha mantenido por debajo de lo que antes de transportaba. Entonces, todo lo que se planificó años atrás ahora está modificado por esa nueva realidad”, manifestó Gómez.
