La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) empuja a sus asociados a cambiar los proceso que hoy realizan con combustibles por electricidad. Sin embargo, a nivel general se han presentado complicaciones por los temas tarifarios.
Así lo manifestó el director ejecutivo de la CICR, Carlos Montenegro, durante el “Foro: Impuesto al Sol”, organizado por la diputada independiente, Kattia Cambronero, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD CR) y la Asamblea Legislativa.
Desde la CICR consideran que el marco regulatorio actual, incluyendo la Ley 10.086 “Promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables” y las resoluciones tarifarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), generan desincentivos significativos, entre los que destacaron:
- Discriminación tarifaria: Los usuarios con generación distribuida enfrentan una carga tarifaria que desincentiva la inversión en tecnologías renovables.
- Incertidumbre regulatoria: La falta de claridad en la normativa genera inseguridad jurídica y limita la rentabilidad de estas inversiones.
- Riesgo de desconexión: La posibilidad de desconexión de abonados que inyectan excedentes a la red pone en riesgo la estabilidad del sector.
Ante ese escenario, consideran que existe la necesidad de revisar las tarifas actuales para reconocer los beneficios económicos y ambientales de la generación distribuida.
"La generación distribuida, especialmente mediante tecnologías como los paneles solares, representa un pilar fundamental para avanzar hacia un futuro energético más limpio y sostenible", indicaron desde la Cámara.
Ley 10.086 no ha logrado su objetivo
Por otro lado, Carlos Andrés Espinoza, representante de Swissol Centroamérica durante el Foro, manifestó que desde su perspectiva como empresa que instala este tipo de sistemas, la Ley 10.086 no ha logrado su objetivo principal.
“Realmente no ha logrado promover nuevas instalaciones ni ha incentivado a que esta tecnología avance en el país”, afirmó Espinoza.
Considera que se debe a dos factores. El primero es que se ha generado una incertidumbre al respecto, la cual no permite que los inversionistas ni los posibles adquisidores de esta tecnología tengan un panorama de tranquilidad.
Cuestionó cómo se va a invertir en esta tecnología si un año y tres meses después de la entrada en vigor de la Ley todavía se le están solicitando cambios o cuestionando el modelo tarifario.
Añadió que, han escuchado historias de clientes que tenían sistemas con contratos firmados y les han cambiado las condiciones de la noche a la mañana. “Nadie va a invertir en un proyecto bajo esta incertidumbre”, acotó Espinoza.
La segunda razón que mencionó es que el modelo tarifario ha sido muy desfavorable para algunos sectores, como lo son el residencial y el comercial pequeño.
“Al que tiene acceso la clase trabajadora costarricense. No estamos discutiendo realmente por las grandes industrias ni los proyectos de varios megas”, indicó Espinoza.
