El Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) prohibió la concentración económica entre las empresas LBT CT Communications S.A. (Liberty) y Millicom Spain S.L. (Tigo).
En definitiva, la SUTEL rechazó un recurso de reposición que ambas compañías presentaron contra la resolución RCS-211-2025, emitida el pasado 10 de setiembre por la misma institución, que puso freno a la negociación poara que Liberty asumiera la operación de Tigo en Costa Rica..
La decisión, contenida en la resolución RCS-263-2025, ratifica el criterio técnico y jurídico de la SUTEL, que determinó que la eventual fusión incrementaría significativamente el nivel de concentración del mercado, otorgando a las empresas una posición dominante en los principales servicios de telecomunicaciones fijas del país.
Según el análisis del ente regulador, la operación podría provocar una reducción en la calidad del servicio, menor innovación y una ampliación de la brecha digital, afectando directamente a los consumidores costarricenses.
“Autorizar la concentración podría generar daños irreversibles en la estructura del mercado, provocar incrementos de precios y así impactar negativamente a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones”, explicó Federico Chacón, presidente del Consejo Directivo de la SUTEL.
La resolución señala que, pese a que las empresas involucradas presentaron propuestas de condiciones para mitigar los posibles efectos negativos sobre la competencia, estas no resultaron suficientes para eliminar los riesgos identificados.
La SUTEL destacó que la decisión se fundamenta en un exhaustivo estudio técnico, económico y legal, conforme al mandato de protección de la libre competencia establecido en la legislación costarricense.
El órgano regulador enfatizó que su actuación se enmarca en la defensa del interés público, con el fin de garantizar un mercado equilibrado, competitivo y transparente, que promueva la innovación y el acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones.
Añadió que mantiene su compromiso con preservar la competencia efectiva en el sector y proteger los derechos de los consumidores, evitando concentraciones que puedan restringir la oferta o limitar la libertad de elección de los usuarios.
“La actuación de la SUTEL responde a un mandato legal de protección de la sana competencia en el mercado de las telecomunicaciones y del interés público”, subrayó Chacón.
