El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García, le cuestionó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, que respuestas tienen a lo interno del Gobierno sobre los montos no ejecutados de las instituciones públicas.
García tomó como ejemplo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a la que según lo indicado por Acosta, este es el Gobierno que más le ha pagado.
“¿Cómo están los servicios de salud?, entonces no es un tema de recursos, es un tema de jerarcas de su propio Gobierno, de sus compañeros ministros, presidentes ejecutivos, que no tienen idea en muchísimos casos hacia donde van”, aseveró García.
El jerarca de Hacienda señaló que la mitad de las subejecuciones son producto de la norma 10 que aprobaron los diputados para el uso del presupuesto.
“Y realmente es un lastre muy grande para poder asignar prioridades”, indicó Acosta.
Asimismo, le recordó a García que para asignar el presupuesto del 2024 se tomaron todos los recursos que se tenían y cada ministerio fue evaluado en su ejecución, por lo que el presupuesto se asignó en función de esa ejecución como manda la ley.
“Después se reunió el Consejo de Gobierno y de acuerdo con las prioridades de este empezamos a distribuirlos”, explicó Acosta.
El diputado del PUSC le indicó al ministro que tras escucharlo en la comparecencia, se dio cuenta de que a él le quedó como anillo al dedo ser el ministro de Hacienda del actual Gobierno.
“Porque quizás el problema no es suyo, el problema es que sus otros compañeros de gabinete no saben ejecutar, no tienen prioridades y no materializan las políticas públicas que les corresponden”, afirmó García.
Según el informe presentando por el ministro a la Asamblea Legislativa el lunes, la instituciones del Gobierno Central lograron una ejecución del 87%, con sobrantes importantes en entidades como el Ministerio de Educación Pública (MEP) o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Hubo que llamar a la calma
El diputado García le cuestionó a Acosta sobre los números presentados en el informe en relación con la afectación en la recaudación fiscal producto del recorte del marchamo.
“Acá lanzan los dardos y usted lo ha hecho de forma mesurada hablando por ejemplo, del recorte al marchamo. Hablaron de un modelo que recortaba ₡118 mil millones. Ahora con las cifras vienen acá a decir que fueron ₡68 mil millones”, expresó García.
Acosta interrumpió a García para decirle que ellos habían entregado el modelo pero, “ustedes como diputados tomaron decisiones basados en el decir de alguien. Nosotros si teníamos lo datos”.
El diputado del Partido Unidad Social Cristiana le respondió al ministro que sí, tomaron decisiones, pero que él cerró con un superávit de ₡120 mil millones, la mitad de lo que tenía presupuestado. “Eso por un lado, si estamos hablando de huecos fiscales”, acotó García.
Asimismo, García mencionó en el tema del proyecto denominado lista gris, se exoneró de impuestos a grandes empresas demandadas por evasión fiscal, afirmando que era un impuesto que no se cobraba, por lo que Hacienda no perdió plata, ya que, “era plata que no quería recaudar”.
En ese momento García y Acosta, antiguo jefe de asesores de la fracción del PUSC en la Asamblea Legislativa, empezaron un intercambio de argumentos alzando la voz, por lo que la diputada Gloria Navas, quien presidía la sesión, se vio obligada a interrumpirles.
“Señores, la falta de respeto... voy a llamarlos al orden, Don Nogui por favor y señor diputado, que hable uno y continúe el otro para tener un debate equilibrado”, expresó Navas.
El diputado del PUSC continuó diciendo que se sentía sumamente tranquilo, ya que, luchar contra las verdades que construye el Gobierno ya es una práctica común.
“Nadie está pidiendo más, las declaraciones de los diferentes diputados que lo hacen es que están pidiendo que se respeten los mínimos”, afirmó el diputado.
Y añadió que, empieza la preocupación cuando Hacienda con los fondos de asignaciones familiares presupuesta ₡193 mil millones, recortando ₡62 mil millones.
“Cuando la propia ley 9635 (Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) establece que son ₡255 mil millones lo mínimo que tiene que establecerse”, concluyó García.
