El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de presupuesto extraordinario con ajustes en varios títulos con la finalidad de redireccionar fondos para financiar la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).
La propuesta del Ministerio de Hacienda traslada de recursos de varios ministerios, por ₡7.870.100.000,00; que irán ahora al Ministerio de Justicia para la construcción del centro penal.
El plan también contempla otras modificaciones que incluye movimientos de aumentos y rebajas en 13 títulos presupuestarios, todo por un monto de ₡33.945.336.999,00.
Cuando la Comisión de Asuntos Hacendarios recibió a los jerarcas del Ministerio de Justicia en el marco de la discusión del plan de gastos, el director de la Policía Penitenciaria, Nils Ching señaló que el crecimiento de la población carcelaria desde el año 2023 a la fecha es de 1945 reos. Y, para el próximo año van a tener unas 20500 personas en el sistema penal.
El ministro Gerald Campos, por su parte, anticipó que la nueva cárcel tendrá capacidad para 5100 privados y estará en terrenos del Ministerio.
Añadió que el proyecto tiene un costo superior a los $34 millones, el cual está dividido de la siguiente manera:
-Conjunto de edificios: $20,3 millones de dólares.
-Obras complementarias: $12,5 millones de dólares.
-Equipamiento de seguridad: $503.000,00 dólares.
-Mobiliario: $921.000,00 dólares.
-Circuito cerrado de monitoreo: $406.000,00 dólares.
Ching justificó la necesidad de la cárcel en que hay mucha similitud en en materia de criminalidad con países como Ecuador y Colombia, por el tipo de estructuras criminales que están en guerra.
La viceministra de Justicia, Carolina Castro indicó que la construcción está dividida en dos etapas: la primera, de permisos y trámites y, la segunda, en dos fases; el movimiento de tierras, que proyectan hacer en 90 días y la construcción de las obras, con un plazo de 195 días, desde la colocación de la primera piedra.
Añadió que este presupuesto extraordinario contempla ₡7.870.100.000,00, que es el 40% del costo de la obra y dijo que ya está trabajando en el presupuesto del año 2026, para incluir el otro 60%.
Movimientos cuestionados
Ante los cambios planteados por el Ejecutivo, la diputada del Partido Liberación Nacional, Paulina Ramírez denunció que hay una rebaja de ₡23.287 millones de colones que pone en riesgo las pensiones del Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Para la legisladora, que es presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, ello también impedirá incorporar a nuevos beneficiarios en los programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Otro de los señalamientos que expuso Ramírez, por los movimientos es que, a partir de octubre del presente año, 346 estudiantes de secundaria dejarían de recibir becas postsecundaria de ₡174.106 mensuales que para los meses de noviembre y diciembre no se podría brindar el subsidio a ninguno de los beneficiarios programados por otro recorte de ₡722 millones al Ministerio de Educación Pública (MEP).
Pero, el Ministerio de Hacienda justificó que los recursos pertenecientes al FODESAF, se están trasladando al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI), según lo establecido en el artículo 3 inciso m de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
