En los últimos 3 años la inversión per cápita en programas sociales ha caído 22%, producto de una política social que se inclina por un enfoque más asistencialista, y no en beneficios para generar oportunidades de desarrollo. Así lo detalla el Informe Estado de la Nación 2024 presentado este jueves.
Entre 2022 y 2023, los recursos se destinaron principalmente a hogares en pobreza, liderados por mujeres, con menores en primera infancia, personas adultas mayores o con discapacidad.
Lo anterior difiere del enfoque aplicado antes del 2020, cuando más recursos eran dirigidos a financiar beneficios para generar oportunidades de desarrollo para las personas en condición de vulnerabilidad, a través de programas para estudiar o de capacitación laboral.
“Las transferencias monetarias son útiles para atender necesidades inmediatas, pero no deben ser el único enfoque de la política social, porque no son suficientes para prevenir la pobreza en el mediano plazo”, comentó la investigadora del Programa Estado de la Nación (PEN), Natalia Morales.
Para el PEN los programas de política selectiva enfocados en el desarrollo de capital humano han perdido relevancia dentro de la política social en los últimos años, al punto que su peso relativo no es estadísticamente significativo al día de hoy.
Educación y Salud los sectores más afectados
Por otro lado, el informe señaló que, producto del estancamiento en la inversión social por habitante, en 2023 las mayores afectaciones se dieron en los sectores de Educación y Salud.
En esa línea, establece que los recortes se enmarcan en las políticas de austeridad fiscal implementadas en la Administración Chaves Robles, las cuales han generado volatibilidad en el presupuesto destinado a mejorar la calidad de vida de la población.
“Si bien este tipo de inversión ha experimentado reducciones desde el 2018, la tendencia desde el 2022 es que los recortes han sido mayores en los sectores financiados con el presupuesto nacional, a través del Ministerio de Hacienda”, apuntó el informe.
Añade que, eso explica que el rubro de protección social registrara un aumento el año pasado (4,7%), ya que, corresponde principalmente al gasto en pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Para Morales, a largo plazo, el impacto de estos recortes en las poblaciones vulnerables será preocupante.
“Ante la disminución de estos recursos, el enfoque de la política social se ha tornado más asistencialista, dejando de lado programas que generan capacidades en las personas para prevenir la pobreza”, manifestó la investigadora.
Presupuesto para becas “Avancemos” disminuyó 40%
Otro de los puntos que destacó el PEN es que en 2023 la inversión en educación por persona disminuyó 1,6%, afectando a todos los niveles educativos. Asimismo, los incentivos para estudiar también vienen siendo reducidos.
Uno de esos es el programa de becas “Avancemos” del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), dirigido a estudiantes de secundaria, cuyo presupuesto se recortó 40% entre 2020 y 2024.
Consecuencia de lo anterior, el número de personas beneficiadas pasó de 417.000 en el 2021 a 290.000 en el año pasado, es decir, 127.000 personas menos.
Manejo actual no se alinea con necesidades de desarrollo humano
El informe recalcó que los recortes de inversión social pública en el país tienen efectos duraderos.
Por ello, se proyecta que, de mantenerse la política fiscal actual, el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) y programas selectivos como “Avancemos”, continuarán disminuyendo entre 2025 y 2029.
“El manejo del presupuesto actual, centrado en el corto plazo, no se alinea con las necesidades de desarrollo humano a largo plazo del país”, indicó Morales.
Añadió que, es necesario volver a asignar recursos para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la prevención eficaz de la pobreza.
