El gasto social en Costa Rica se encuentra en su punto más bajo de los últimos diez años, según el II Informe Macroeconómico 2025 del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA).
El estudio señala que la reducción, vinculada a los esfuerzos de consolidación fiscal por parte del Poder Ejecutivo, pone en riesgo la continuidad de políticas públicas esenciales en salud, educación, vivienda y protección de poblaciones vulnerables.
Agrega que, el gasto público pasó de representar un 10.1% del PIB en 2020 a un 8.5% en 2025. Esta caída ha afectado directamente la inversión social, que se redujo de un 24.2% en 2020 a un 20.8% en 2024, tras registrar descensos consecutivos en los años intermedios.
Eso sí, los investigadores no hicieron referencia al hecho de que todas las cifras de 2020 se vieron distorsionadas por la pandemia del COVID-19.
Según el informe del CINPE, los sectores de Educación y salud, son los más golpeados. Apunta que la inversión en educación se ubicó en un 5.51% del PIB en 2024, por debajo del 6% mínimo recomendado para Costa Rica por la OCDE y lejos del 8% sugerido a nivel internacional.
En salud, el retroceso también ha sido evidente: de un 6.65% del PIB en 2021 a un 5.67% en 2024, lo que, según el CINPE, compromete la cobertura, la reducción de listas de espera y la reposición de infraestructura.
En protección social, que incluye pensiones y transferencias a familias vulnerables, la inversión bajó de 7.98% en 2020 a un rango de entre 7.1% y 7.4% en los últimos tres años.
El análisis muestra una paradoja en el área de vivienda: aunque el monto promedio del bono pasó de 6 a 11 millones de colones, la cantidad de soluciones habitacionales cayó a 9.320 en 2024, frente a un promedio anual superior a 12 mil en la década pasada.
Para el tema del riesgo fiscal y menor recaudación, el CINPE advierte que la contención del gasto ha generado alivio fiscal en el corto plazo, pero la caída en la recaudación de impuestos amenaza la sostenibilidad. Mientras que en 2022 los ingresos tributarios equivalían al 7.9% del PIB, en 2025 se proyectan en 7.3%.
El impuesto sobre la renta, que creció un 30.1% en 2021, apenas aumentaría un 0.8% este año; en tanto, el IVA pasó de un crecimiento del 36% hace cuatro años a un 3.9% en 2025.
El informe también alerta sobre la creciente desigualdad entre el régimen especial de zonas francas y el régimen definitivo. Mientras el primero sigue expandiéndose en manufactura, ciencia y servicios financieros, sectores como construcción, alojamiento, alimentación y agricultura permanecen estancados.
Ivannia Bolaños, investigadora del CINPE, explicó que desde el 2022 se ha venido deteriorando el gasto público social, lo que ha provocado una erosión en áreas clave como educación, salud y vivienda. Subrayó que la discusión debe centrarse en la calidad del gasto, más que en la cantidad:
Para la investigadora hay que detenerse y replantear hacia donde se va a gestionar la política pública. “Lo importante es saber en qué invertir, sin recortar a sectores estratégicos y respondiendo a las necesidades reales del país, que ya no son las mismas de hace 20, 30 o 40 años”, apuntó.
Para otro de los investigadores, Marco Otoya, la proyección de crecimiento económico para este año se ubica entre un 3.1% y un 3.6% del PIB, dependiendo de cómo impacte la política arancelaria de Estados Unidos en las exportaciones costarricenses.
“El mejor escenario se daría si esos aranceles tienen un efecto limitado; el más conservador, si afectan de forma importante la inversión y el comercio exterior”, puntualizó Otoya.
Además, explicó que la economía vinculada al régimen especial muestra un dinamismo que impulsa al país, pero al mismo tiempo es la más vulnerable por su dependencia del mercado internacional y de la inversión extranjera directa, especialmente de origen estadounidense.
Los investigadores recomendaron reorientar el gasto hacia áreas estratégicas como educación, salud e infraestructura, de forma que cada colón invertido contribuya tanto a la redistribución social como al crecimiento económico sostenible.
