El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, considera que los cambios que propone el Ministerio de Hacienda en las fechas de emisión y parámetros de las últimas 2 colocaciones de la Ley de Eurobonos (10.332) deberían ser rechazados.
Ello porque, en su opinión, el Poder Ejecutivo les está diciendo en la cara “no solo no vamos a cumplir. Ahora los queremos a ustedes de cómplices cambiando los parámetros que se habían establecido desde el principio”.
Así se lo hizo saber al resto de diputados que integran la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde se discute el expediente 24.462.
Cabe recalcar que los parámetros son relevantes, ya que, establecen las metas que debe cumplir Hacienda para que la Asamblea le autorice las últimas dos emisiones de Eurobonos.
Con las modificaciones que propone el Ministerio, la meta del balance primario pasaría de 1,85% a 1,30% en el presente año, mientras que para 2025 de 2,25% a 1,85%.
Asimismo, la relación de pago de intereses de la deuda del Gobierno con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), pasaría de 4,90% a 5,10% en 2024, y en 2025 de 4,60% a 5%.
“Qué sentido tiene ahora venir y decir: ah bueno, como incumplieron, cambiemos la Ley. ¿Para qué era la Ley? Para obligarlos a ese cumplimiento”, manifestó Feinzaig.
Dudas también sobre el informe de los escáneres
El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, manifestó que en principio apoya el proyecto, pero tiene algunas dudas.
Una de ellas es que previo a la cuarta emisión de Eurobonos, que pasaría del 2025 al 2026, la actual Ley establece que se presentará un informe con la implementación de los escáneres en los puertos y las fronteras.
“Pero ahora, dice que ya no la implementación, sino un informe con el plan de implementación de los escáneres. Una cosa es un informe respecto a la implementación, que es haberlo ejecutado. Y otra cosa es un informe con el plan de implementación”, explicó Acuña.
Esa preocupación también la externaron el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilbert Jiménez y Feinzaig.
Incumplimiento no fue un descuido del Ejecutivo
Por su parte, la diputada oficialista, Pilar Cisneros, defendió que el incumplimiento de los requisitos no fue un descuido del Ejecutivo, sino que fue producto de la decisión de la Contraloría General de la República (CGR), ya que, el plan que originalmente tenían, debió rehacerse.
En su momento la Contraloría sostuvo que la compra de escáneres no se podía llevar a cabo por medio de una contratación directa con RACSA, cuando esta subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no lo tiene entre su línea de acción.
Por último, Cisneros indicó que, según un cronograma que le envío el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, los escáneres estarán operativos en el país a más tardar el 28 de febrero del 2025. Se refería a un paquete de escáneres donados por el Gobierno de ese país, con lo cual se resolvería el problema.
Sin embargo, eso no será sencillo pues los ingenieros estadounidenses recomendaron al Ministerio de Seguridad Pública ubicar un escáner en puerto Caldera, en lugar de hacerlo en el puesto fronterizo de Paso Canoas, como estaba previsto originalmente.
Eso complicó la situación para el Poder Ejecutivo, pues la ley establece que debe ubicarse en Paso Canoas.
