Según un estudio elaborado por el Observatorio del Mercado y los Derechos del Consumidor (OMERNCON), Costa Rica cerró el 2024 con 715.780 procesos de cobro judicial por deudas.
De acuerdo con el Observatorio esta cifra revela la magnitud del sobreendeudamiento en el país y que, según expertos, mantiene excluido del sistema financiero formal al 40% de la población trabajadora.
La situación fue analizada en un conversatorio realizado en el Colegio de Abogados, con la participación de representantes del ámbito académico, social y financiero.
De acuerdo con datos del Poder Judicial, cada proceso de cobro involucra a varias personas, lo que eleva aún más la cantidad de costarricenses afectados. Para los especialistas, el panorama es crítico: casi la mitad de la fuerza laboral debe recurrir a mecanismos de financiamiento alternativos, con mayores riesgos y costos.
Los expositores subrayaron que este fenómeno se da a pesar de que las entidades financieras cuentan con información suficiente sobre la capacidad de pago de los solicitantes y conocen que comprometer más del 30% del ingreso mensual es una señal clara de sobreendeudamiento.
Para los analistas buena parte del sobreendeudamiento proviene de créditos de consumo y gastos personales, no de financiamiento para vivienda o actividades productivas.
Atribuyen esto a incentivos perversos dentro de la normativa financiera, que permiten tasas de interés del 36% y hasta 51%, lo que lleva a que entre 20 y 30 puntos porcentuales se asuman como pérdidas esperadas.
En palabras de los expositores, esta dinámica convierte al crédito de consumo en “una fábrica permanente de exclusión financiera”, pues por cada 100 créditos otorgados, cerca de 30 caerán en morosidad.
Los participantes coincidieron en que los problemas económicos de los hogares no se solucionan con más créditos.
Lejos de aliviar la situación, estos productos ofrecen un alivio temporal que luego se transforma en cargas de intereses permanentes, profundizando el deterioro financiero de las familias.
Consumidores desprotegidos ante acreedores abusivos
La presidente de la Asociación Pro-Defensa Del Consumidor (APRODECO) Adriana Rojas, advirtió sobre las “asimetrías groseras” que enfrentan los consumidores al defenderse de prácticas abusivas.
Señaló que los acreedores suelen estar preparados para aprovechar cualquier error y reiteró la urgencia de una ley de protección al consumidor financiero, similar a la existente en Europa.
Rojas recordó que el crédito debe utilizarse solo cuando mejora el patrimonio y recomendó no comprometer más del 30% del ingreso neto. Además, destacó la necesidad de que los créditos incluyan seguros que cubran riesgos de impago.
David Carreras, del Sindicato de Empleados del Banco Nacional (SEBANA) alertó que el crédito de consumo es el que más crece en el país y que ₡33 de cada ₡100 otorgados corresponden a este segmento.
También señaló que muchos créditos reportados como vivienda son, en realidad, deudas de consumo refinanciadas con garantía hipotecaria, lo cual genera una concentración crediticia inadecuada y desvía recursos destinados para actividades productivas.
Yeikol Zúñiga, del Observatorio, planteó como una posible solución la creación de un Plan Nacional de Refinanciamiento de Deudas dirigido a personas sobre endeudadas, conocido popularmente como “manchadas”.
El objetivo sería limpiar sus historiales crediticios y devolverlas al sistema financiero formal. Según Zúñiga, este mecanismo beneficiaría a consumidores, entidades financieras al recuperar cartera y al Estado, al reducir la saturación del Poder Judicial.
Tanto el Observatorio del Mercado y los Derechos del Consumidor como el Sindicato de Empleados del Banco Nacional coincidieron en la urgencia de que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de protección del consumidor financiero.
Sostienen que el sobreendeudamiento ya es una “pandemia social” que requiere una respuesta inmediata del Estado y de las autoridades regulatorias, acompañada de políticas públicas que protejan a las personas frente a deudas abusivas.
