El país carece de un registro público que permita cuantificar y coordinar las capacidades de las 37 entidades dedicadas al desarrollo del sector productivo nacional, señaló el Informe Estado de la Nación 2024.
Esa desorganización presenta un desafío para abordar de manera efectiva las desigualdades productivas, las cuales se reflejan en los resultados económicos.
Por un lado, las empresas del Régimen Definitivo, que representan la mayor parte del tejido empresarial, aportaron el 86% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2022, creciendo apenas un 4%.
En contraparte, las empresas de Zona Franca correspondieron al 14% del PIB y su crecimiento alcanzó un 16% en el mismo período.
El director del Programa Estado de la Nación (PEN), Jorge Vargas Cullell, explicó que en este contexto han venido haciendo investigaciones sobre las capacidades institucionales del sector público para desarrollar políticas de fomento productivo, a fin de reducir las desigualdades y estimular la economía nacional.
“No pudimos evaluar completamente las capacidades del sector institucional, porque no existe información sistematizada sobre los servicios disponibles para las empresas. Este año, comenzamos por recopilar lo que hay”, señaló Vargas.
Programas no abordan necesidades ni desarrollan el capital humano
El informe detalló que a julio del presente año un equipo de investigación identificó 13 programas vigentes en tres de las principales instituciones involucradas en el desarrollo productivo del país, que son:
- El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).
- El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
- La Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).
Dentro de este cuadro también tiene relevancia el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pero fue excluido por la entrega tardía e incompleta de información.
Uno de los resultados que reveló el informe fue que la mayoría de los programas tienen cobertura nacional y están dirigidos a Pymes, enfocándose en mejorar la madurez de las empresas en fase de operaciones.
Sin embargo, de acuerdo con Vargas “casi ninguno de los 13 programas aborda de manera suficiente las necesidades de las Pymes fuera de la GAM (Gran Área Metropolitana) ni se enfoca en desarrollar el capital humano”.
De hecho, el “Programa de Encadenamientos Productivos y Compras Públicas” del MEIC destacó como el único con 6 oficinas en todo el país, mientras que “Talento Humano” de PROCOMER es el único centrado en la formación de las personas trabajadoras.
“Los demás programas se enfocan en actividades primarias de la cadena de valor, como logística, operaciones, mercadeo, ventas y servicios, y tienen un impacto limitado en los territorios fuera del GAM”, apuntó el informe.
Otro hallazgo relevante es la ausencia de iniciativas para apoyar negocios de grupos vulnerables, como mujeres, jóvenes o personas con menor nivel educativo fuera del GAM.
7 programas utilizan mayoría de su presupuesto en pago de salarios
El informe señaló que la mayoría de los programas (7) utilizan sus presupuestos, principalmente, para cubrir salarios del personal, dejando pocos recursos disponibles para transferencias directas a las personas o empresas beneficiarias.
“Solo los programas financiados por cooperación internacional destinan recursos a infraestructura o servicios que impactan directamente a las Pymes”, agregó el investigador.
Asimismo, se encontró que solo el programa “Descubre”, de COMEX y PROCOMER, cuenta con criterios de evaluación de resultados y reporte de avances en el Plan Nacional de Desarrollo.
Ante este panorama, el país sigue enfrentando grandes dificultades para lograr un desarrollo equitativo del sector productivo.
“Sin un sistema integrado que ofrezca una visión clara de las capacidades estatales disponibles para las Pymes, y sin mecanismos de evaluación de los programas, las brechas productivas solamente seguirán ampliándose”, concluyó Vargas.
