La Defensoría de los Habitantes considera fundamental que el país se proponga la apertura de un diálogo intersectorial que permita tener como resultado una nueva estructura tributaria, progresiva y sostenible.
Sostiene que el país debe revisar si existen actividades productivas que mueven el Producto Interno Bruto (PIB), y que hoy en día aportan 0% en impuestos a la renta. Ello, sin citar como tal a las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas.
En un estudio la entidad indicó que la Costa Rica de hoy, en materia de políticas sociales, se ha visto robustecida por la posición visionaria de diferentes estadistas que han comprendido que el desarrollo del país.
Concluyó que esta visión se sustentaba en la inversión pública de servicios fundamentales como educación, salud, cultura, vivienda, seguridad, luz, agua, telefonía, internet, entre otros; regidos por principios tales como oportunidad, inclusividad, igualdad, solidaridad, accesibilidad, equidad y desarrollo social.
El documento añade que el enfoque de un Estado Social de Derecho pone de manifiesto que la inversión social, es la base de un alto desempeño de desarrollo humano y social sustentado en indicadores.
Además, lo anterior ha derivado que Costa Rica históricamente sea una nación vanguardista en la realización de temas vinculados a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
La Defensoría sostiene que a lo largo de la última década, se ha venido escuchando el reclamo de las autoridades de gobierno en el sentido de que, para cumplir con un mandato constitucional o una ley específica, se requiere de mayores ingresos; no obstante, tampoco proponen alternativas alcanzables para su cumplimiento.
En ese sentido, llamó la atención de que no pueden existir funcionarios públicos obligados al cumplimiento de la ley y otros que no; éstos últimos aduciendo imposibilidades materiales, financieras o de cualquier otra índole.
Y agregó que dicha ecuación se completa en materia fiscal con dos grandes variables: ingresos + gastos.
Desde la institución agregan que el país ha venido, durante los últimos cinco años, tomando medidas para la reducción del gasto. Señal de ello, la aprobación de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la creación de la Regla Fiscal.
Estas leyes le permitieron al país reducir el déficit fiscal ya que, mientras en el 2019 debía endeudarse un 54% para financiarse, datos preliminares para el 2025 muestran que el nivel de endeudamiento, para financiar el presupuesto, disminuyó al 38%.
Esto muestra que, desde el 2019, se viene financiando el presupuesto de la República con menos endeudamiento: el 50% de la ecuación en materia de gastos se ha venido realizando con altos y bajos.
Para la Defensoría de los Habitantes surge ahora la gran pregunta: ¿Qué ha sucedido con el otro 50%?; esto es, ¿Qué medidas efectivas ha tomado el Ministerio de Hacienda para aumentar los ingresos?, ¿En cuánto se han incrementado los ingresos tributarios resultado de estrategias para luchar contra la evasión y elusión fiscal?, por ejemplo.
Es importante señalar que el Fondo Monetario Internacional reconoció en el 2018 que la evasión en IVA rondaba el 2,7% del PIB y un monto similar en renta; o sea, cerca del 5% del PIB solo en evasión, recordó la institución.
Y ni hablar de la resistencia a implementar mejoras en los sistemas digitales de tributación, que al mes de agosto del 2024 solo tenía un avance del 19%, y se anunció que comenzará a implementarse hasta el 2026.
