La decisión de implementar una póliza para el presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros y viceministros que cubra los gastos de su defensa ante una posible denuncia con base en sus decisiones se tomó a partir de un dictamen de la Procuraduría General de la República, según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
Detalló que el dictamen estableció que la Ley Reguladora del Mercado de Seguros permite que el Estado pueda contratar los seguros que necesite para su funcionamiento.
Y, en criterio de las autoridades, la defensa de los altos jerarcas ante una eventual demanda entra dentro de ese parámetro de funcionamiento del Estado. Eso, pese a que la Procuraduría no detalló cómo debe entenderse ese concepto.
Pese a esa tesis, Acosta señaló que ante los recientes cuestionamientos que se generaron en torno a la decisión, para zanjar cualquier duda volverán a preguntar a la Procuraduría cómo debería aplicar la norma.
“Esto no es ni para lo que ocurrió antes de la suscripción de la póliza, ni esto es para defender o permitir que el Estado se resarza después de que fue condenado. Es para asegurar una defensa adecuada”, expresó Acosta.
Añadió que, actualmente la contratación está en el análisis de póliza. Sin embargo, se detendrá para esperar la respuesta de la Procuraduría a la nueva consulta.
Por otro lado, el jerarca recalcó que la póliza busca que si los funcionarios reciben una demanda con base en una de sus decisiones, se cubran los gastos para su defensa.
Agregó que, si el funcionario llega a ser declarado culpable deberá reintegrar el dinero que se utilizó de la póliza para su defensa.
Asimismo, manifestó que no cubre todo, por lo que no hay ningún tema que tenga que ver con corrupción.
“Los funcionarios que cumplan alguna demanda que tenga que ver con esto no serán cubiertos con la póliza. Y ahí yo creo que hay que matar ese morbo que se ha estado estableciendo”, afirmó Acosta.
El tema trascendió hacia el fin de semana anterior, debido a una publicación en el SICOP. En el detalle, sin embargo, se contemplan dentro de las coberturas, temas que van más allá de la contratación de servicios legales. De hecho, se incluyen, por ejemplo, el pago de multas y servicios de relaciones públicas, que no fueron señalados por Acosta.
El 95% se cede a un reasegurador
La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón, señaló que actualmente el INS tiene 41 pólizas activas de este tipo. Además, el 95% se cede a un reasegurador.
Por otra parte, comentó que los estudios de riesgo se hicieron de manera conjunta con los reaseguradores antes de enviar la oferta a Hacienda.
En relación con la experiencia, indicó que tienen años de vender esta póliza y desde que se dio la apertura del mercado está inscrita la en Superintendencia General de Seguros (SUGESE).
Demandar funcionarios públicos es un “deporte muy popular”
El vicepresidenta de la República, Stephan Brunner, manifestó que en el país y la Asamblea Legislativa es un “deporte muy popular” interponer demandas contra funcionarios públicos.
También puso de ejemplo la situación del presidente de la República, Rodrigo Chaves, el cual tiene más de 50 demandas acumuladas en 2 años y en todas tiene que pagar por su defensa.
El vicepresidente aseguró que no se busca alcahuetear a nadie, sino que los funcionarios puedan hacer su trabajo en tranquilidad, sin que lo estén amenazando con que lo van a demandar y tendrá que pagar su abogado defensor.
Añadió que, es algo que implementaron hace más de 1 año con los oficiales de la Fuerza Pública, por la misma razón.
