La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de auditoría al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) sobre la eficacia en la entrega del Beneficio Temporal por inflación a hogares en condición de pobreza, implementado en 2022 y 2023.
Este tenía como fin contribuir a la satisfacción de necesidades básicas alimentarias de hogares en condiciones de pobreza, brindando entre 3 y 5 pagos por la suma de ₡60.000,00.
Uno de los hallazgos de la Contraloría fue que no alcanzó la meta de cobertura de hogares programa, ya que, benefició un equivalente al 75% de los más de 111.000 hogares planificados.
"En particular, solo se beneficiaron 83.348 hogares, cifra que representa el 75% de los 111.111 planificados y el 75,6% de los hogares que tuvieron el beneficio aprobado (110.266). Así 26.918 hogares no recibieron el beneficio a pesar de tenerlo aprobado", indicó la CGR.
Añadió que, es un porcentaje que resulta inferior al mínimo aceptable establecido por el IMAS (80%).
₡4.024 millones no ejecutados
Por otro lado, el órgano Contralor señaló que del total de ₡20.000 millones asignados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) solo se ejecutó el 77,2%, dejando un saldo no ejecutado de ₡4.024 millones.
“Al cierre de 2022 quedó un remanente de ₡5.939 millones con el que se entregó un cuarto pago a 19.120 hogares en 2023; de manera tal que al finalizar el Beneficio el 67,3% de los hogares recibieron los tres pagos de ₡60.000 originalmente planificados; el 22,9% recibió 4 pagos; el 5,2% recibió dos pagos y un 4,5% recibió tan solo un pago”, precisó la CGR.
Añadió que, el saldo final no ejecutado fue redirigido por el IMAS al Beneficio de Atención a Familias en 2023.
Asimismo, apuntaron sobre una mala asignación, ya que, un 3% de los hogares beneficiados (2.625), correspondientes a ₡529 millones, recibieron el Beneficio pese a no cumplir los criterios de otorgamiento o poseer aspectos como: beneficiario fallecido, privado de libertad o personas que recibieron previamente otra ayuda estatal.
Según detalló la Contraloría, se identificaron 2.316 hogares en los que alguno de sus integrantes había recibido previamente otra transferencia monetaria por parte del Estado.
Además, en 251 la persona beneficiaria se encontraba privada de libertad, y en los restantes 58 la personas beneficiaria había fallecido.
