Tras un quinquenio de “austeridad fiscal ortodoxa”, el país no ha logrado garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, por lo que se requieren reformas que garanticen la solvencia estatal sin deteriorar el desarrollo humano sostenible, señaló el informe Estado de la Nación 2024, presentado esta semana.
La implementación de la reforma fiscal del 2018 permitió reducir la brecha entre lo que gasta el Gobierno Central y sus ingresos, pasando del 8% al 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el período 2020 – 2023.
No obstante, el país sigue gastando más de los ingresos que recibe. Entre 2022 y 2023 el déficit fiscal aumentó de un 2,5% a un 3,2% del PIB.
El director del Programa Estado de la Nación (PEN), Jorge Vargas Cullell, indicó que mientras el esquema tributario no sea actualizado, el tamaño del crédito del Gobierno siga siendo alto y el sector productivo que paga más impuestos crezca poco, el país seguirá con problemas de sostenibilidad fiscal.
Ello porque tampoco se han hecho los cambios para mejorar la calidad de la gestión pública.
El informe apuntó que es necesario reiniciar la discusión en torno a la modernización del Impuesto de Renta, las tasas tributarias diferenciadas y las exoneraciones fiscales, que se siguen otorgando sin mecanismos de control ni evaluación.
Asimismo, se debe debatir sobre el Impuesto Mínimo Global que plantea la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Vargas advirtió que el Gobierno no puede seguir priorizando la sostenibilidad fiscal a costa de la inversión pública.
Lo anterior, a largo plazo, causará un deterioro no solo en la calidad de vida de las personas y las oportunidades a las que tienen acceso, sino también en la capacidad del país para generar crecimiento económico.
Se sigue en umbral más crítico de la Regla Fiscal
Pese al recorte, la deuda del Gobierno Central sigue estando en el umbral más crítico de la Regla Fiscal, al restringir las posibilidades de invertir, por ejemplo, en infraestructura y en políticas sociales.
Al respecto, Vargas señaló que “la priorización de los objetivos fiscales sobre los de desarrollo humano que estamos viendo ahora se parece mucho a los paquetes de austeridad fiscal que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aplicó a muchos países entre los años 1980 y 2000”.
“En Costa Rica, las consecuencias de los paquetes fiscales a los que el director del PEN hace referencia llevaron a una generación de personas a salir de las aulas para buscar trabajo. Hoy en día, muchas de estas personas tienen acceso a empleos de baja calidad, con ingresos insuficientes o están en la informalidad”, apuntó el informe.
Asimismo, enfatiza que, excluir objetivos explícitos sobre la política sectorial, social, desarrollo productivo y gestión ambiental de una estrategia para la sostenibilidad fiscal, “recarga los territorios y poblaciones más vulnerables de la sociedad las consecuencias de recortar los servicios que la institucionalidad pública brinda”.
El director del PEN manifestó que el país no puede seguir por este camino. “Para encontrar un balance es necesario empezar a discutir reformas profundas, como las que este Informe recomienda”, manifestó Vargas.
Alivio temporal
El informe señaló que en el período 2021 – 2023 el componente que más contribuyó en el mejoramiento del balance fiscal fue el aumento de los ingresos. Sin embargo, esta mejoría resultó ser de carácter temporal.
En esa línea, apuntó que el crecimiento económico postpandemia del 2021 (7%), que ocasionó una recaudación de impuesto extraordinaria, no se espera en los próximos años.
“A esto contribuyó un cambio legal para que los ingresos de ciertas entidades pasaran a contar dentro de los ingresos del Gobierno Central”, indicó el informe.
Por otra parte, el crecimiento de la base tributaria, al pasar de un Impuesto de Ventas a uno de Valor Agregado (IVA), ya habría alcanzado su tope; por lo que tampoco se proyecta un crecimiento en los ingresos del Gobierno vía IVA.
“El mismo Ministerio de Hacienda proyecta que la mejoría en el balance fiscal en los próximos cinco años sea mucho menor (0,4% del PIB) que la experimentada entre 2021 y el 2023 (1,6% del PIB)”, puntualizó Vargas.
