Los activos administrados por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) registraron un crecimiento de 48% en los últimos 4 años, representando un 52% del Producto Interno Bruto (PIB). Actualmente el total de la cartera asciende a ₡25.8 billones.
Además, el 58% obedece al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Así lo detalló la Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, en su informe sobre el SNP a octubre del 2024.
Del total de la cartera, el 91% corresponde a inversiones, de las cuales el 65% son en el sector público, 8% en el sector privado y 19% en el exterior. Estas últimas se distribuyen un 15% en acciones y un 4% en deudas.
Según detalló Aguilar, a septiembre del presente año la cantidad de cuentas en el SNP ascendían a 5.019.701. Las mismas se distribuían de la siguiente manera:
Otro aspecto que precisó la jerarca fue la pensión promedio que perciben los distintos pensionados. El monto más alto se registró en el Poder Judicial con ₡1.796.832, mientras el más bajo, en el ROP con ₡98.950.
Algunos otros puntos que mencionó Aguilar respecto al SNP fueron:
- El ROP se muestra recuperado de factores externos e internos que habían provocado minusvalías a nivel internacional en 2022, con una tasa de crecimiento mayor al 8% para las inversiones a 5 y 10 años plazo.
- Las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) afinan detalles para la implementación de los Fondos Generacionales que, en principio, entrarán a regir el 1° de abril del 2025.
56 alternativas de abordaje en el Diálogo Nacional
Por otro lado, la Superintendente se refirió al desarrollo del Diálogo Nacional que lidera la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN) en buscar de reformar y fortalecer el SNP.
En esa línea, precisó que a este momento se han presentado 56 alternativas de abordaje, 7 exposiciones de especialistas externos y 4 oficios sectoriales.
Aguilar recordó que la finalidad máxima de este Diálogo es desarrollar propuestas que aseguren la sostenibilidad, equidad y gobernanza del SNP a futuro.
Ello a través de la participación de instituciones gubernamentales, el sector empresarial, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil.
Por último, Aguilar mencionó las motivaciones que llevaron a implementar este proyecto, que fueron:
- Envejecimiento poblacional y transformación laboral.
- Multiplicación de la pobreza extrema en la vejez.
- Problemas de solvencia del IVM.
- Recomendación de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
- Catalizar iniciativas para fortalecer la seguridad social.
- Mandatos constitucionales y legales para universalizar las pensiones insatisfechos.
