La Administración de la Resolución de la Financiera Desyfin informó que 5 entidades ya cuentan con los contratos de confidencialidad para realizar la diligencia de adquisición de activos y pasivos de la Financiera. Los nombres no trascendieron.
Asimismo, detalló que de manera formal se invitó a un total de 36 instituciones financieras a participar en el proceso de adquisición.
El denominado “banco bueno” de la Financiera representa el 75% de los activos, había detallado la Interventoría el pasado 9 de octubre, día que la entidad fue declarada inviable.
El monto total se conocerá una vez concluya la negociación con la institución interesada.
Las personas con depósitos garantizados y no garantizados en la Financiera son 4.028, de las cuales un 76% tiene totalmente garantizado su dinero y el restante 24%, de forma parcial.
Según la resolutora Marianne Kött, “el equipo resolutor trabaja con el objetivo fundamental de buscar la mayor recuperación posible para los ahorrantes e inversionistas de la Financiera, y por esta misma razón mantendrá oportunamente informado al público respecto a los avances del proceso”.
Cierre de 5 sucursales
La Administración también señaló que esta semana se concluyó el cierre operativo de las sucursales ubicadas en Liberia, Sabanilla, Rohrmoser, Heredia y Grecia. Únicamente quedan en uso las oficinas centrales situadas en Escazú.
Por otra parte, apuntaron que la Financiera mantiene 89 colaboradores de un total de 166 que tenía al inicio de la intervención. Esto producto de renuncias y despidos, así como el cese ordenado de los trabajadores.
Añadieron que, solo se mantienen colaboradores que desempeñan funciones críticas requeridas por el proceso de resolución, tales como cobro y labores contables.
Patrimonio de Financiera Desyfin disminuyó 158,22%
Según detalló el acuerdo tomado por el CONASSIF con base en el informe final de la Interventoría, publicado en el alcance N°172 de La Gaceta, la suficiencia patrimonial de la Financiera pasó de 10,31% en julio del presente año a -10,68% en agosto.
Lo anterior como resultado de ajustes realizados en la cartera de crédito y otros aspectos que derivaron en la pérdida de la totalidad del patrimonio de la entidad, generando un faltante de ₡6.704 millones, lo que representó una disminución de 158.22%.
Asimismo, la Interventoría apuntó que se constató que la entidad administró sus negocios de una forma que puso en peligro su seguridad y solvencia.
