4 empresas objetaron pliego de condiciones para modernización de Caldera

La Contraloría avaló una larga lista de señalamientos, y ordenó al INCOP subsanar el cartel

Puerto de Caldera 1
photo_camera Entre los aspectos cuestionados por las empresas están el modelo financiero o los requisitos técnicos.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó varios vicios en el cartel de licitación que elaboró el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) para la nueva concesión del puerto de Caldera.

La entidad resolvió los recursos de objeción presentados en contra del pliego de condiciones de la licitación por parte de las empresas: APM Terminals B.V., SAAM Puertos S.A., DP World CL Holding Americas INC e International Container Terminal Services, INC.

“Todos ellos fueron declarados parcialmente con lugar y la mayor parte de los argumentos de las empresas apelantes fueron aceptados por la Administración (que se allanó en los aspectos recurridos por las empresas)”, indicó la Contraloría.

Según detalló Alfredo Aguilar, Gerente Asociado de la División de Contratación Pública de la CGR, entre los aspectos cuestionados por las empresas recurrentes al pliego de condiciones de esta licitación se encuentran temas asociados con:

- El plazo para la presentación de ofertas.

- El modelo financiero.

- La estructura tarifaria.

- La normativa ambiental aplicable.

- La distribución de riesgos.

- La presentación de soluciones alternativas.

- Los requisitos técnicos.

- Las obligaciones que asume el concesionario, entre otros.

Por ejemplo, la Contraloría planteó la necesidad de aclarar los alcances de la Comisión de Evaluación que se creará, así como advertirle a sus integrantes que para estos efectos serán considerados como servidores públicos, a tono con la legislación vigente.

Pero, también, recalcó que serán responsables desde el punto de vista administrativo y legal de la recomendación de adjudicación que finalmente emitan.

La entidad alertó sobre el hecho de que se definan solo 30 días hábiles para analizar las ofertas y hacer esa recomendación, algo que implicará apoyarse en el personal del INCOP, dada la complejidad de la información que deben presentar las empresas interesadas en la concesión.

Por otro lado, la Contraloría aceptó la tesis de las empresas en el sentido de que 120 días para presentar toda la documentación requerida es un plazo muy corto. Además, "debe tomarse en consideración que, a raíz de la presente ronda de objeciones, surgen modificaciones que la Administración debe efectuar, y hay análisis de carácter técnico, jurídico y financiero que se debe efectuar".

De igual manera se llamó a aclarar a quién corresponde la titularidad de los datos que recabará el concesionario durante su gestión, a fin de garantizar una correcta transición cuando venza el contrato. El borrador del contrato se limita a exigir el traslado de la información al Estado para efectos de control.

El INCOP tampoco incluyó el detalle de las obras correspondientes a las fases subsiguientes a la primera, pese a que definió que serán dos fases para la terminal granelera y tres para la terminal de contenedores.

Y a ello se agregan dudas sobre el modelo financiero, pues en el expediente se incorpora una estimación que difiere de la que revisó y aprobó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Las empresas también plantearon dudas sobre el hecho de que el expediente no incluye un criterio legal que sustente la decisión de mantener las tarifas vigentes en el inicio para las etapas de transición y construcción.

El INCOP deberá incorporar un modelo de ajustes tarifario extraordinario, que contemple las observaciones que hizo la ARESEP cuando rechazó la propuesta inicial que se sometió a su consideración.

Además, hay dudas sobre los montos que la administración pretende cobrar al concesionario que resulte del proceso y el esquema y los términos bajo los cuáles sed podrían aplicar multas.

La resolución ya fue notificada al INCOP, que ahora deberá atender lo dispuesto por la Contraloría y realizar las modificaciones al pliego de condiciones según corresponda, y proceder a establecer una nueva fecha para la apertura de ofertas.

23 compañías interesadas en nueva concesión

El cartel de licitación para la nueva concesión y modernización de Puerto Caldera fue anunciado el 31 de octubre del año pasado por el Poder Ejecutivo.

Según detalló en aquel momento el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la inversión que se requiere para modernizar Caldera rondaría los $600 millones.

Por otro lado, el pasado 6 de diciembre el INCOP informó que en noviembre había llevado a cabo dos jornadas de sesiones informativas para representantes de 23 compañías interesadas en el proceso de licitación para la modernización de Puerto Caldera.

Las sesiones de trabajo incluyeron exposiciones sobre asuntos legales, financieros, técnicos, ambientales y sociales relacionados con el proceso de licitación, así como oportunidades para resolver consultas.

Además, los representantes de las compañías, originarias de países de Europa, Asia y América, incluyendo varios operadores reconocidos a nivel mundial, tuvieron una visita guiada a la terminal de Caldera.