Vía libre a nueva licitación para el servicio de inspección vehicular
La Contraloría General de la República (CGR) rechazó de plano una apelación contra la decisión del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) de dejar sin efecto la Licitación Mayor para la precalificación para la contratación del servicios de inspección técnica vehicular a nivel nacional.
La empresa Tuv Rheinland Certio, S.L., que superó el proceso de precalificación recurrió a la CGR aduciendo que la decisión del COSEVI no procedía.
Sostenía que esencialmente se debía avanzar a la segunda etapa de la precalificación atendiendo el interés público.
Pero, la CGR señaló que no tiene competencia para conocer el acto impugnado, al no tratarse de un acto final derivado del procedimiento, conforme dispone la Ley General de Contratación Pública.
Además, determinó que los problemas alegados por el COSEVI respecto de la elegibilidad de un oferente se refieren a un acto que está en firme, por lo que, para su anulación, debe procederse conforme los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico del país.
El órgano contralor recordó que la propia Administración, en la parte dispositiva de la resolución, señala a las partes que al acto le resultan aplicables los recursos ordinarios de revocatoria y apelación que se rigen por la Ley.
Ahora bien, los plazos para cualquiera de esas acciones ya se vencieron, por lo que ya la empresa recurrente no puede acudir a ellos.
Este asunto lleva ya más de dos años en proceso, sin que a la fecha el Gobierno haya podido resolver el futuro de la inspección técnica. Una vez que venció el contrato que tenía Riteve, el Poder Ejecutivo otorgó un permiso de explotación en precario a la firma Dekra, para ocuparse del servicio por dos años.
Pero ese plazo no le alcanzó para completar ni siquiera un proceso de precalificación y, menos aún, la licitación definitiva. De hecho, todo se complicó una vez que Dekra quedó fuera del proceso tras no completar la documentación exigida.
Ahora, según la CGR, le corresponde al COSEVI tomar las medidas necesarias para promover una nueva licitación que permita la prestación de los servicios de inspección técnica, apegados al ordenamiento jurídico y conforme ha indicado la Sala Constitucional.
Antes de que el COSEVI anulara la licitación, el Poder Ejecutivo anunció su intención de ir a esa nueva licitación, bajo el argumento de que el proceso de precalificación no surtió los efectos esperados. Supuestamente, el interés es que dos empresas presten el servicio para que haya competencia, aunque en definitiva lo que se plantea es distribuir las estaciones de revisión técnica entre ellas, sin que realmente compitan.