Pese a que a partir de julio se espera que dos empresas privadas sean las que se encarguen del servicio de inspección técnica vehicular, lo cierto del caso es que esa situación no generará competencia efectiva entre ambas, pues el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) acordó dividir al país en dos zonas: A y B.
La junta directiva del COSEVI tomó la decisión de precalificar a las empresas consorcio Applus CR y TÜV Rheinland para que ambas se encarguen de las inspecciones por 10 años.
Es decir, que la alemana DEKRA quedó fuera del proceso de selección, por lo que, en principio, ofrecerá sus servicios hasta hasta julio del presente año.
Así lo comentó el director ejecutivo a.i. del COSEVI, Carlos Rivas, en entrevista con www.despertar.cr. Confirmó que ninguna de las dos empresas podrá invadir o inmiscuirse en áreas que no sean de su competencia. Sólo podrán operar en aquellas que se les asignen, que será donde tendrán las instalaciones fijas.
“Se establecieron dos zonas más o menos equivalentes en distribución geográfica, en la cantidad de demanda en unas zonas que tienen más demandas que otras, unas más alejadas otras más cercanas del Área Metropolitana. Entonces, se le asigna, la zona A al que tenga mayor puntaje, entre las dos que quedaron, y la B la otra”, afirmó Rivas.
Rivas determinó que antes de iniciar el proceso de licitación, el COSEVI realizó un análisis de los requerimientos del servicio y la demanda según la población y la flota vehicular.
Cabe recordar que el consorcio Applus CR resultó precalificado desde la fase inicial del proceso de licitación, mientras que TÜV Rheinland avanzó tras varios procesos de apelación ante la Contraloría General de la República (CGR).
En el cuadro a continuación se establece la división realizada por COSEVI para la definición de ambas zonas:
Este medio insistió ante Rivas para que explicara por qué el COSEVI no se inclinó porque las dos empresas puedan estar en los mismos lugares a fin de que los conductores pudieran escoger cuál de los dos operadores les suministre el servicio. Respondió que se pretende un equilibrio en el mercado.
“Y también una cobertura que pudiera tener el COSEVI para la fiscalización. Si se deja a la libre entonces se complicaría más tanto para la correcta prestación del servicio como por la fiscalización.
“La administración tiene que tener las riendas de alguna manera del tema”, reafirmó Rivas.
Ejemplificó que, si de las 11 empresas que participaron para la precalificación, hubieran quedado cinco, habría que dejar a tres por fuera.
Lo que sigue
Lo que sigue es que el acuerdo de la junta directiva del COSEVI quede en firme y que se proceda con una licitación mayor internacional en que se definirá cuál empresa se encargará de la zona A y cuál de la zona B.
Explicó que, en caso de no presentarse apelaciones u otras acciones recursivas, se esperaría que, en un mes se debería estar formalizando cuál zona se le adjudicaría a cada una de las dos empresas.
“A partir de allí comenzaríamos a correr para ver si es factible en julio y si no fuera así, se tendría que extender Dekra por el tiempo que sea necesario para que se organicen las empresas”, añadió Rivas.
Detalló que el plazo de los 10 años de operación que se les dará es para que, además de dar el servicio, puedan recuperar la inversión que deban realizar ante el hecho de que tengan que hacer remodelar de instalaciones o hacer nuevas edificaciones, compra e instalación de equipos nuevos, entre otros.
