El pasado 26 de setiembre del presente año, el presidente ejecutivo del instituto Costarricense de Puertos (INCOP), Wagner Quesada, confirmó que una licitación internacional para una nueva concesión de Puerto Caldera ya está lista.
“Ya hemos recibido los avales de MIDEPLAN, de ARESEP y del Ministerio de Hacienda. Cumpliendo por lo tanto con todos los requisitos necesarios para poder hacer la publicación”, afirmó Quesada en esa oportunidad.
Pero, al mismo tiempo, alertaba que están a la espera de definir el día en que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, hará el anuncio oficial.
Cuando un tema es tan importante como urgente, dejarlo en pausa a la espera de que el mandatario haga un anuncio oficial, no es aceptable. Máxime si como en este caso, hay un plazo perentorio que está corriendo y que permite saber de antemano, cuando deben estar listas las soluciones.
El contrato actual de concesión en Caldera finaliza en 2026. Y los procesos de licitación suelen llevarse un buen tiempo, porque hay muchos imponderables que se pueden presentar en el camino. Correr riesgos en el sentido de que los plazos luego no se puedan cumplir, no es ni necesario, ni conveniente.
Aquí hay una cuestión simple: debemos avanzar a una buena marcha con estos temas clave. Y si el proceso para lanzar la licitación ha quedado completo, simplemente se le debe dar camino.
Si, como lo ha dicho Quesada, ya se superaron las aprobaciones del Ministerio de Planificación y Política Económica, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y del Ministerio de Hacienda, no se justifica ninguna espera adicional.
Por ello, si el presidente Chaves quiere hacer un anuncio sobre el tema de Caldera, debería ajustar su agenda al desarrollo del proceso, para no retrasarlo. Entendemos que su agenda es tema delicado, o debería serlo, pero no puede ser más delicado que la crisis del puerto ni las implicaciones negativas que pueda tener para el país la posibilidad de que se venza el contrato vigente sin que esté listo el nuevo acuerdo.
La saturación en Caldera, que afecta de forma sustancial a varios subsectores dentro del sector productivo, exige acciones con criterio de urgencia. No sería aceptable que, por no asumir este punto con la seriedad que requiere, luego se genere un hueco en la administración del puerto.
Correr el riesgo de que se venza la concesión actual sin que esté resuelta la nueva, no tiene sentido. Además, el país no lo soportaría.
En todo caso, se le deben enviar señales positivas y esperanzadoras al sector productivo. Por ello, nada puede estar supeditado a un momento específico para hacer un anuncio de carácter político, partiendo de una especie de conveniencia personal.
Además, el anuncio per se de la licitación, en realidad, no tiene ninguna trascendencia. No es un requisito formal o legal para poder avanzar con el proceso.
Los asuntos públicos han de manejarse con sentido de responsabilidad. Pero, también, con un correcto sentido de urgencia, entendiendo el impacto que tienen estos temas sobre toda la economía nacional.
Entendemos que los sectores productivos han dado un seguimiento puntual a este proceso, y están esperanzados en que camine de manera oportuna. Por ello será importante que el Gobierno corrija y no empantane la licitación por factores que realmente no vienen al caso.
