La alerta lanzada recientemente por el fiscal de ejecución de la pena, Carlos Eduardo Montenegro, en el sentido de que en el país hay una vacío en esta materia, no debe pasar inadvertido.
Cuando recurrentemente las autoridades policiales informan de la captura de delincuentes convictos como sospechosos de nuevos delitos, es llamativo el hecho de que, en muchos casos, se trata de personas que disfrutan de algún beneficio carcelario.
Entonces, allí salta una inquietud, porque no hay una correcta relación entre las sentencias que dictan los tribunales de justicia y la realidad que se da en el sistema de Adaptación Social.
Y, de hecho, hay una disputa abierta entre las autoridades del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Cada parte presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para tratar de ordenar el tema.
Sin embargo, mientras los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sostienen el criterio de que es en los tribunales donde se deben dictar los términos de ejecución de la pena, los jerarcas de Adaptación Social defienden la idea de que sean ellos los que tengan la última palabra.
Eso ha impedido que los proyectos avancen en el Congreso, más allá de que los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico decidieron analizar ambos textos para tratar de sacar uno que reúna elementos de los dos.
Lo correcto es que sean los jueces quienes resuelvan sobre la ejecución de la pena, porque son ellos los que las establecen. Pero, desde el sistema carcelario reclaman que como ellos deben manejar temas como la sobre población penal, se les debe permitir determinar las condiciones.
Los diputados han rehuido el asunto. Los proyectos llevan ya rato en el aire, mientras los jueces siguen estableciendo pautas a partir de tan solo 10 artículos del Código Penal, según el decir de Montenegro.
Eso da pie para los abusos, las arbitrariedades y las decisiones antojadizas. En una materia tan importante como esta, no debería ser así.
Y la ocasión es propicia, también, para revisar todo el esquema. Porque, en medio de la creciente ola delictiva que vive el país, es imperativo ser más puntillosos en lo que respecta al cumplimiento de las sentencias judiciales.
No se gana nada con que al cierre de un juicio se dicten sentencias tan amplias para que luego todo termine en casi nada. Eso, de hecho, hace que todo parezca una farsa en tanto se ven sentencias de 30 años que luego en la práctica se reducen a 10 años o menos.
Situaciones como esas también hacen que se pierda la fe en el sistema, lo cual a todas luces es peligroso. Por ello, los diputados deberían aprovechar tantas alertas para enderezar las cosas de una vez por todas.
Hay que revisar, como hemos dicho, lo tocante a los términos de ejecución de las penas, pero también las penas mismas en los casos de los delitos que más se están dando en la actualidad. Y al llegar este punto, no se trata solo de la pena inicial, sino de la parte de ella que efectivamente se va a purgar en la cárcel.
Por supuesto, todo esto confluye con otro tema importante que el país no ha resuelto. Mientras aumentan los delitos, seguimos con el mismo número de espacios carcelarios. Porque aquí nadie piensa en construir nuevas cárceles; al menos no con la seriedad que la situación requiere.
