La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sancionó por beligerancia política a tres políticos, a los que inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos. En un caso procedía, también, la destitución del cargo que ocupa en el Estado.
Entre ellos está la presidenta del partido Frente Amplio, Patricia Mora, así como Kendall Viales, funcionario del Banco Popular en Santa Cruz, y Fernando González, quien era integrante del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación.
Aunque parezca increíble, las resoluciones son derivadas de denuncias interpuestas desde el año 2019 en dos de los casos y en el 2022 en el tercer caso.
En la primera de las resoluciones, se sancionó con la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cuatro años a Mora Castellanos, pues, mientras ejercía los cargos de presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y ministra de la Condición de la Mujer, en la administración de Carlos Alvarado.
Según la denuncia, el 9 de febrero de 2019 Mora se presentó a la Asamblea Nacional del Frente Amplio, donde además dirigió unas palabras para justificarse ante sus partidarios por su participación en la administración Alvarado.
De acuerdo con el TSE, a Mora solo se le aplica la inhabilitación de cargos públicos pues no cabe la destitución, dado que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) certificó su condición de pensionada.
En la segunda resolución, se sancionó con la inhabilitación para ejercer cargos públicos a Fernando González Ledezma. Cuando era integrante del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, fue acreditado por el Partido Acción Ciudadana (PAC) como fiscal general de Junta Receptora de Votos para las Elecciones Nacionales del 2022.
Los jueces electorales encontraron que efectivamente ejerció esa labor, por lo cual la inhabilitación será de 2 años pero tampoco aplica su destitución dado que la CCSS acreditó su condición de pensionado.
La tercera sanción fue para Kendall Viales, para quien si aplica destitución del puesto que tiene en el Instituto Mixto de Ayuda Social y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años.
El TSE encontró culpable de beligerancia política a Viales a razón de que, mientras pertenecía a la Junta de Crédito Local del Banco Popular en Santa Cruz, Guanacaste, participó en la Asamblea Cantonal del Partido Liberación Nacional (PLN) el 10 de agosto de 2019 y se postuló como precandidato a regidor para las elecciones municipales del 2020.
Estas investigaciones se llevaron entre cinco y seis años debido a que la Sala Constitucional dio curso a dos acciones de inconstitucionalidad contra el Reglamento aplicable.
