Cada propuesta de reforma al Poder Judicial debe ser evaluada con rigor en cuanto a su impacto, viabilidad operativa, implicaciones presupuestarias y efectos sobre el modelo de justicia costarricense.
Así lo señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Orlando Aguirre, al comentar los anuncios hechos por la presidente electa de la República y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, en relación con cambios en materia penal y de ejecución de la pena.
Fernández anunció la conformación de un equipo técnico asesor para formular proyectos de ley orientados a impulsar reformas constitucionales y cambios estructurales en el sistema de justicia.
Dijo que el objetivo del equipo será elaborar propuestas legales que serán presentadas ante la próxima Asamblea Legislativa. Entre ellas citó cambios a la Ley de Usura, endurecimiento de penas y ajustes en las reglas de ejecución de sentencias.
La mandataria electa afirmó que la actual normativa sobre usura se convirtió en un obstáculo para el acceso al crédito formal y aseguró que muchas personas terminan siendo víctimas de los prestamistas “gota a gota”.
También sostuvo que se requieren reformas para evitar que personas condenadas permanezcan en libertad cuando deberían cumplir penas en prisión.
El equipo asesor está integrado por la jurista María Lourdes Echandi, especialista en derecho público; Fabián Volio, experto en derecho constitucional y administrativo; Juan Diego Castro, abogado penalista y exministro de Seguridad Pública y de Justicia y Paz; y Fabián Silva, constitucionalista con trayectoria en análisis del sistema judicial.
Tras los anuncios, Aguirre Gómez indicó que recibe con respeto y responsabilidad los planteamientos de Fernández.
Explicó que el Poder Judicial trabaja de manera permanente en la modernización de sus procesos y en la mejora de la eficiencia. Y dijo que no se opone al cambio y que está dispuesto a analizar toda propuesta que fortalezca el sistema de justicia.
En un comunicado subrayó que cualquier transformación estructural debe construirse desde una visión técnica y jurídica. Enfatizó en la necesidad de respetar el principio de independencia judicial como base del Estado de Derecho.
En ese sentido, el Poder Judicial indicó que los cambios estructurales requieren su participación activa.
La institución anunció que estudiará de forma detallada los proyectos que se presenten y que aportará insumos técnicos durante su discusión legislativa. También consideró fundamental incorporar a la sociedad civil y a organizaciones vinculadas con la justicia y la democracia para fortalecer la legitimidad y transparencia del proceso.
Aguirre concluyó que el objetivo de cualquier reforma debe ser fortalecer el sistema de justicia en beneficio de todas las personas.
Otras reformas
Por otra parte, Fernández afirmó que el país enfrenta retos urgentes en infraestructura educativa, seguridad, salud, agua potable y saneamiento. Señaló que estos temas requieren reformas legales para viabilizar inversiones prioritarias.
Mencionó concretamente proyectos como la construcción de una Marina en Limón y el de Ciudad Gobierno, para los cuales también se necesitarán ajustes normativos.
La presidenta electa expresó confianza en que la futura Asamblea Legislativa respalde las iniciativas. Manifestó que espera contar con el apoyo de la bancada oficialista y con la sensatez de otras fracciones políticas.
Afirmó que el país debe pasar de los diagnósticos a las propuestas concretas. Aseguró que ejercerá la Presidencia con determinación y compromiso para impulsar las reformas que considera necesarias.
Los anuncios abren un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema judicial costarricense. El debate se trasladará ahora al Congreso, donde las propuestas deberán seguir el trámite correspondiente.
