A falta de tres votos, la Asamblea Legislativa no logró levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) continúe con una investigación por beligerancia política contra el mandatario.
El resultado de la votación fue de 35 diputados a favor y 21 en contra, mientras hubo una ausencia. Y con ello se cerró este segundo proceso contra el mandatario. Ello conduce a que, ahora, el Tribunal deba esperar a que Chaves concluya su mandato para, eventualmente, continuar con la investigación que lleva la Selección Especializada.
Los diputados analizaron el dictamen de mayoría del 25 de noviembre pasado, firmado por las diputadas Alejandra Larios, quien presidió la Comisión Especial que analizó la solicitud del TSE, y Rocío Alfaro.
El diputado Daniel Vargas, por su parte, presentó un dictamen de minoría negativo, defendiendo la improcedencia de la gestión del Tribunal.
Larios señaló que la Comisión trabajó con rigurosidad jurídica. Y advirtió que una persona demócrata votaría sobre la base del contenido de un expediente robusto, y no por motivaciones políticas.
“Los hechos que se denuncian son muy graves”, en relación con la pureza del sufragio que debe cuidar el presidente de la República. “Porque es claro que él se encuentra en una posición de poder, y desde esa posición de poder, no debe influir” en la campaña electoral.
Estimó que el gran riesgo es utilizar el poder para influir en las elecciones de febrero de 2026. Por ello, sostuvo que en el expediente hay denuncias que fueron rechazadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), lo cual reafirma la imparcialidad de ese órgano.
Pero llamó a no pensar que esto se trata de un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para dañar al presidente Chaves. “Cada una de las denuncias tiene prueba suficiente, que no solamente constan en el expediente, sino en los canales oficiales de la Presidencia de la República”, apuntó Larios.
Añadió que las denuncias deben verse de manera integral, porque no son asuntos sin importancia ni tonterías, como ha pretendido decir el mandatario Chaves. “Son conductas reiteradas. Y el señor presidente insiste en decir y hacer las mismas cosas que están siendo investigadas”, agregó.
“Hay una intencionalidad clara: influir en las elecciones de febrero de 2026”, sostuvo Larios, para quien el mandatario quiere estar en una campaña en lugar de gobernar.
Neutralidad política
Por su parte, Alfaro se centró en aclarar de qué se trata este procedimiento que tenía hoy entre sus manos la Asamblea Legislativa. “Este procedimiento no trata de que esta Asamblea Legislativa de forma ilegítima sea la que determine la constitucionalidad de leyes vigentes”, apuntó.
Recordó que se le consultó a la Asamblea un asunto claro, basado en la normativa vigente; específicamente el artículo 102, inciso 3 de la Constitución Política.
Amplió que los funcionarios públicos están obligados a mantener neutralidad frente a los procesos electorales, y eso está establecido en Costa Rica desde 1927.
Llamó a entender que los casos analizados son consistentes entre sí, y que el mandatario busca favorecer a un partido político, y lo hace de manera recurrente.
“Las pruebas que se aportaron a esta Comisión son consistentes, sin abundantes”, afirmó. Dijo que es muy peligroso que se utilice este caso para deslegitimar el Código Electoral y al Tribunal Supremo de Elecciones.
No procede
El otro miembro de la Comisión, el oficialista Daniel Vargas, aseguró que debe advertir que el informe de mayoría adolece de vicios graves que establecerían un precedente peligroso para el país.
Según él, lo que está en juego es el respeto al régimen jurídico. Y aquí señaló, a tono con lo que Chaves ha venido sosteniendo, que la normativa no introduce el concepto de beligerancia política.
A su juicio, lo que sí se plantea es la parcialidad política, y se debe respetar la precisión de los términos. “Lo que no está definido con claridad, no puede sancionarse”, apuntó.
Al mismo tiempo, afirmó que la inmunidad solo se levanta para permitir procesos penales. Por ello, considera que es inconstitucional que se levante la inmunidad para un proceso de naturaleza administrativa electoral en el caso del presidente Chaves.
Estima, igualmente, que se vulneró el derecho de defensa del mandatario, trayendo aquí a colación que se le dieran solo 10 minutos al abogado de Chaves, José Miguel Villalobos, para argumentar sobre los hechos imputados.
También cuestionó que se acumularan las denuncias en contra del Presidente en un solo expediente. Y, de seguido, dijo que las manifestaciones de Chaves no constituyen ninguna violación a la ley.
“Para que exista parcialidad política debe haber referencia concreta a un partido político o a un candidato”, sostuvo.
Y, a su juicio, tanto el TSE como la Asamblea Legislativa están vulnerando la separación de poderes, porque están limitando el derecho del mandatario a explicar las políticas públicas de su administración.
Según él, se quiere levantar la inmunidad que protege a Chaves por razones políticas.
