En su discurso el presidente de la República, Rodrigo Chaves se mueve entre el conflicto y el cálculo electoral. Así lo establece el más reciente Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, hecho por la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional.
El análisis resalta que el mandatario promueve una única verdad sobre los temas que aborda, con poca o nula reflexión político-ideológica.
Agrega que Chaves, por un lado, atiza la hoguera del escenario político con calificativos fuertes y confrontaciones con otros Poderes de la República así como con varias instituciones y, por otro, hace manifestaciones sutiles sobre la conformación del Congreso en las próximas elecciones.
En ese sentido, la prioridad del Poder Ejecutivo en los últimos tiempos ha sido impulsar el proyecto de la ley Jaguar, en sus distintas versiones, incluso más allá de los pronunciamientos de la Sala Constitucional, que la declaró inconstitucionales.
El estudio revela que el mandatario acude a la crítica al señalar la labor de los legisladores de la oposición y acusarlos de bloquear el desarrollo del país, afectando el entorno de negociación de proyectos que la fracción oficialista debe llevare adelante.
Así lo demuestran los choques más recientes debido a la forma en que llegó al país un grupo de militares salvadoreños para colaborar en la atención de la emergencia por las inundaciones de noviembre; o el dictamen sobre los recursos adicionales para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) en el Presupuesto Nacional para el 2025.
Con el Poder Judicial los choques verbales se han centrado en las últimas semanas en la figura del fiscal general de la República, Carlo Díaz. Pero, en ese proceso, Chaves añadió a los magistrados, a los que ha puesto de manera inédita e infundada bajo señalamientos por realizar su labor constitucional.
Las tensiones con el Poder Judicial se incrementaron luego de que la suspendida presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, fuera detenido en medio de una investigación por el caso Barrenador.
Aquí, de nuevo, tanto el mandatario como la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, enfilaron sus baterías en contra del Ministerio Público.
Los investigadores, encabezados por el director del estudio, Carlos Carranza, también evaluaron la situación del país en materia de educación, seguridad, presupuesto y relaciones exteriores.
En el ámbito educativo, el informe refuerza la tendencia de que se trata de un sector en crisis, carente de una estrategia y una ruta clara al estar en una constante reducción de los recursos que se le asignan, al haber pasado de un 7.07% del Producto Interno Bruto (PIB), en el 2017, a un 5.41%, en el 2023.
Esto se manifiesta a través de la falta de infraestructura, la casi nula inversión en nuevos centros educativos o el mantenimiento de los ya existentes, lo que genera condiciones de insalubridad con un total de 881 órdenes sanitarias, de las cuales, al menos 101, son de clausura”, reseña el informe.
Añadió que no existe una política de estímulos para la formación integral del personal docente, que arrastra vacíos en áreas claves como matemáticas, pensamiento lógico, manejo de equipos computarizados y dominio de un segundo idioma.
En temas de seguridad, los investigadores llamaron la atención por el cambio en el discurso y el estilo mostrado por el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, luego de grabar un video con los directores de los distintos cuerpos policiales bajo su mando.
Ante ello, en el análisis se hace una excitativa a que desde esta cartera se centren en la resolución de temas como la falta de plazas policiales y la mejora logística para la operación de las diferentes dependencias y delegaciones.
Finalmente, en materia de política exterior, se enfatiza en la discrepancia de la posición costarricense, que, por un lado, reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y, por otro, se abstuvo de votar en las Organización de Naciones Unidas (ONU) una declaración que promovía poner fin a la ocupación israelí en los territorios palestinos.
Otra contradicción se da en la forma en que se refiere a estados que son comandados por dictaduras. “Costa Rica ha condenado a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua.
"Sin embargo, ha sido más fuerte contra el régimen de Nicolás Maduro, mientras que con Daniel Ortega ha mantenido un perfil más bajo”, concluye el análisis.
