Los diputados del Partido Unidad Social Cristina (PUSC), encabezados por su jefa de Fracción, María Marta Carballo, presentaron un proyecto de reforma al Código Penal y a la Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social, para obligar a trabajar o estudiar a la población penitenciaria.
La iniciativa modificaría tres artículos del Código y uno de la referida ley, en la línea de que las personas encarceladas deban trabajar, como uno de los requisitos para obtener algún beneficio carcelario.
También implica que la persona reciba una contraprestación por su labor, que se pagará por hora laborada y corresponderá a lo que disponga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Las labores solo se podrán ejercer durante la jornada diurna tanto dentro como fuera del recinto penitenciario, por 8 horas diarias. Pero, el trabajo externo no será aplicable para las personas condenadas por: homicidio, delitos sexuales, narcotráfico, lavado de dinero y violencia contra las mujeres, que deberán trabajar exclusivamente dentro del centro penal.
El salario devengado se dará por semana y estará en control de la administración de cada centro penitenciario, que la destinará de la siguiente manera:
1) Un 25% a satisfacer la obligación o las obligaciones alimentarias en las que el privado de libertad aparezca como obligado.
2) Un 25% a satisfacer la obligación o las obligaciones pecuniarias en vía civil ordinaria, o al pago de la acción o acciones civiles resarcitorias en las que el privado de libertad aparezca como obligado.
3) Un 25% al Estado para satisfacer el gasto que genera la estadía del privado de libertad en prisión.
4) Un 25% a un fondo personal individualizado al cual el privado de libertad tendrá acceso para gastos personales.
Además, en el caso de no existir alguna obligación de pensión u obligación pecuniaria de una acción civil resarcitoria, la contraprestación se distribuirá en proporciones iguales para los otros apartados, según la propuesta socialcristiana.
Si el privado de libertar opta por estudiar, deberá hacerlo con una institución reconocida por la Dirección General de Adaptación Social y demostrar avance académico; si deja el estudio o no demuestra avance, deberá trabajar.
De acuerdo con datos recientes de Adaptación Social, en nuestro país la población penitenciaria ronda las 16.638 personas y cada una le cuesta al país ₡22.000 diarios siendo unos ₡8 millones de colones anuales por persona y alrededor de ₡133.603.140 anuales por el total de los reos.
Según datos de la diputada Carballo, 5.043 privados de libertad trabajan en la actualidad en diferentes labores y un porcentaje similar están realizando estudios que van desde primaria hasta universitaria.
El diputado Lesly Bojorges, por su parte, argumentó que no puede ser posible que una persona que haya cometido algún delito esté viviendo a costa del Estado. por eso, " este proyecto busca que las personas se ganen lo que se comen".
“Hoy en día se invierten miles de millones de colones al año para contratar a personas que corten el zacate en carretera, ¿porqué es que ese trabajo no lo hacen los privados de libertad?”; reflexionó Bojorges.
Añadió que se debe poner a los privados de libertad a trabajar para que no pierdan el tiempo en las celdas.
