El diputado Luis Diego Vargas, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista en la Asamblea Legislativa, presentó una iniciativa para tratar de recortar el tiempo que se llevan los procesos de expropiaciones a solo seis meses.
El proyecto surge para evitar retrasos en la construcción de obra pública, como ha sucedido con la ampliación de la Ruta 32, entre el cruce de Río Frío, en Sarapiquí, y Moín, en Limón o la ampliación de la vía entre San José-San Ramón y la carretera Barranca-Limonal, entre otras.
La propuesta es una reforma profunda que derogaría la actual ley N°7495, Ley de Expropiaciones, acortaría los plazos para la adquisición de terrenos, y fortalecería la negociación entre el Estado y los propietarios.
En el se añade un apartado de disposiciones con figuras novedosas, como la posibilidad de realizar permutas de inmuebles cuando el trazado de un proyecto compromete el uso de bienes destinados a parques y salones comunales, entre otros.
En la propuesta se crea, además, un órgano técnico en materia de adquisición de terrenos y expropiaciones, adscrito en grado de desconcentración mínima al Ministerio de Obras Públicas y Transportes: la Dirección General de Adquisición de Bienes Inmuebles y Expropiaciones.
Entre los principales cambios, se introduce un incentivo de hasta un 10% extra sobre el precio del avalúo para estimular la venta voluntaria o trato directo de terrenos que sean necesarios para completar un proyecto y no demorar el calendario de ejecución de las obras.
Con la iniciativa se busca no detener el avance de obras públicas y que el Estado pueda usar los terrenos que sean declarados de interés público, mientras en vía judicial se resuelve cualquier diferencia de precio planteada por los propietarios.
Añade Vargas que, además, se busca que el Estado deje de pagar millones extra de los presupuestos originales de las obras debido a los atrasos con las expropiaciones y hay proyectos que se han atrasado por años.
