Solamente aquellos presos condenados a menos de siete años podrán ser sujetos de beneficios en materia de ejecución de la pena, si los diputados a la Asamblea Legislativa convierten en ley de la República un plan del Poder Judicial.
La iniciativa también excluye de cualquier consideración en esa materia a aquellos delincuentes sentenciados por delitos graves, y le da la potestad al Ministerio Público para dar la última palabra cuando la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz recomiende un cambio de medida de una restricción total a una restricción parcial para un reo.
El proyecto tiene como objetivo abordar la compleja problemática del sistema penal, proponiendo ajustes y enfoques renovados para la ejecución de las penas. Además se busca establecer medidas más efectivas, según se plantea en la exposición de motivos.
.La propuesta fue elaborada en conjunto entre la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, y fue remitida al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, y a la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, por el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre.
Desde la Corte aseguraron que con este proyecto se pretende llenar un vacío en nuestro marco jurídico, pues actualmente no existe una sistematización de normas que regule la ejecución de la pena
"Esta propuesta da certeza y seguridad jurídica a los actores encargados de la administración de la justicia, además establece parámetros para uniformar los criterios a la hora de ejecutar sanciones penales y medidas de seguridad impuestas por los tribunales"
Proyecto de Ley 24019
De acuerdo con el proyecto, tanto la autoridad jurisdiccional, como la administración penitenciaria podrán, durante el proceso de ejecución de la sanción penal, realizar cambios para que la persona sentenciada sea trasladada de la modalidad cerrada a la modalidad abierta.
Sin embargo, esa posibilidad que aplicaría solo en casos de sentencias menores a 7 años está condicionada al cumplimiento de 13 criterios claramente definidos en el proyecto de ley.
Además, para la autorización, denegación o revocatoria de un cambio de modalidad, la autoridad a cargo de la decisión deberá contar con los informes y evaluaciones que permitan fundamentar la decisión, así como sustentarse en criterios técnicos y objetivos.
También, para la modificación de la pena será necesario que el Juzgado de Ejecución de la Pena se pronuncie, previa solicitud del Ministerio de Justicia. Esta deberá contener fundamento técnico, acuerdos, y demás información que justifican la decisión.
Del mismo modo, si una persona se encuentra en un régimen de confianza y se le comprobare el incumplimiento de las condiciones impuestas, deberá la administración de oficio, o a petición de la víctima o del Ministerio Público revocar el cambio de modalidad acordado.
El plan de la Corte se suma a otras dos iniciativas ya en la corriente legislativa, que también reformulan elementos relacionados con la ejecución de la pena. El primer fue presentado por la diputada María Marta Carballo, y en muy pocas líneas redefine los criterios para otorgar beneficios carcelarios a los convictos.
La otra propuesta fue elaborada por el Ministerio de Justicia, y presentada ante los legisladores por el ministro, Gerald Campos. Se centra mucho más en una reestructuración completa de Adaptación Social, con algunos componentes en torno a la ejecución de la pena.
El plan del Poder Judicial, por ahora, no forma parte de los proyectos convocados por el Poder Ejecutivo en el marco del actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Tampoco ingresó antes a la corrientes legislativa dado que, si bien el magistrado Aguirre lo anunció desde el pasado 16 de octubre cuando se reunió con Arias y Navas, al parecer el documento quedó traspapelado y apenas fuer rescatado por el presidente del Congreso la semana pasada, en los últimos días previo al cierre del período de sesiones ordinarias.
Arias explicó que luego del análisis del texto decidieran presentarlo como un proyecto de ley nuevo y no dejarlo como un texto sustitutivo a otra propuesta similar presentado en la asamblea bajo el expediente 21.800.
En su oportunidad, Aguirre explicó que en la redacción de este proyecto de ley también se involucraron la Defensa Pública con el apoyo de jueces de ejecución de la pena.
Rodrigo, por su parte, manifestó que es un esfuerzo conjunto para afrontar el desafío del incremento en la tasa delictiva que aqueja a nuestra nación.
En ese sentido enfatizó: “El proyecto pretende ser un paso significativo en la construcción de un sistema de justicia penal más eficiente y justo, buscando garantizar tanto la protección de la sociedad como la reintegración de aquellos que hayan cometido delitos”.
