El Partido Nueva Generación (PNG) propone varios proyectos de infraestructura; para su desarrollo, espera involucrar al sector privado a través de Alianzas Público-Privadas (APP). La agrupación presenta como candidato presidencial a Fernando Zamora.
En la argumentación, el PNG señala que la urgencia de inversión en infraestructura vial, portuaria, educativa, hospitalaria y digital no permite esperar. Las limitaciones fiscales actuales impiden que el Estado costarricense afronte por sí solo todas estas necesidades. La agrupación cita datos de la Contraloría General de la República y del Estado de la Nación, que señalan que el déficit en infraestructura supera el 5% del PIB. En este contexto, la obra pública por concesión no solo es útil: es indispensable.
“Políticamente, el relanzamiento de un modelo de concesiones bien estructurado permitiría ejecutar proyectos estratégicos que de otro modo quedarían relegados indefinidamente. Esto incluye carreteras alternas al Valle Central, trenes de carga y pasajeros, terminales portuarias, acueductos regionales, centros logísticos o nodos de conectividad digital”, señala el plan de gobierno.
Dentro de la iniciativa, sostienen una necesidad de reformas que faciliten la ejecución de APP, así como la normativa de contratación pública y administrativa para simplificar trámites, reducir burocracia y acelerar procesos de compra, construcción y prestación de servicios.
Algunos de los proyectos en los que proponen que se recurra a las Alianzas Público-Privadas:
- Nuevo aeropuerto o ampliación de terminal aérea regional: Desarrollo o modernización de infraestructura aeroportuaria fuera del GAM para mejorar conectividad, turismo y exportaciones, bajo concesión y con control estatal.
- Tren de carga para transporte logístico: Implementación de un tren de carga que conecte puertos, zonas industriales y centros de distribución, con el objetivo de bajar costos logísticos y descongestionar carreteras.
- Corredores viales estratégicos con peaje regulado: Construcción o ampliación de rutas clave, incluidos pasos a desnivel y circunvalaciones, mediante concesión, con tarifas reguladas y fiscalización pública.
- Ampliación y modernización portuaria: Proyectos para aumentar capacidad operativa en puertos del Caribe y el Pacífico, mejorar tiempos de carga y descarga y fortalecer el comercio exterior.
- Sistemas regionales de agua potable y saneamiento: Desarrollo de acueductos, plantas de tratamiento y redes de distribución en zonas con escasez hídrica, ejecutados con participación privada y supervisión del Estado.
Además de estos, proponen el desarrollo de obra en otros sectores como vivienda. Dentro de la viabilidad económica para desarrollo y mejora de aeropuertos, explican que se podría financiar mediante fondos públicos nacionales, fondos de cooperación internacional, bonos verdes para transporte. Sumado a incentivos fiscales para aerolíneas domésticas y operadores de taxi aéreo.
Deuda con la CCSS
El PNG plantea que el pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe abordarse como un compromiso estructural y no como una solución coyuntural. El planteamiento parte del reconocimiento formal de la deuda histórica, evitando seguir postergándola o diluyéndola mediante mecanismos contables que no resuelven el problema de fondo.
Según este enfoque, el Estado debe establecer un esquema de pago ordenado, gradual y con respaldo legal, que permita saldar la deuda sin poner en riesgo la estabilidad fiscal ni afectar la operación diaria de la CCSS. La propuesta apunta a definir plazos claros y mecanismos financieros específicos, de manera que el cumplimiento no dependa de la voluntad política del gobierno de turno, sino que se consolide como una obligación permanente del Estado costarricense.
El plan sostiene que cumplir con este pago es clave para fortalecer la capacidad de la CCSS de invertir en infraestructura, equipamiento y servicios, especialmente en hospitales y atención primaria fuera de la Gran Área Metropolitana. La deuda no se presenta como un problema de gestión interna de la Caja, sino como una responsabilidad del Estado cuya solución permitiría mejorar la sostenibilidad del sistema de salud y reducir presiones como las listas de espera.
Lucha contra la inseguridad
El primer punto en específico del plan es declarar emergencia nacional en seguridad. De acuerdo, con PNG esto le permitiría una implementación rápida de una política de seguridad pública que contenga elementos como:
- Estado de excepción constitucional: Preparar las condiciones político-jurídicas para, en caso de necesidad, declarar en territorios muy conflictivos estado de excepción constitucional, esto según investigaciones de inteligencia.
- Aprovechando el 54% ocioso de La Reforma (62.28 hectáreas), agilizar el inicio de la construcción de una cárcel especializada en narcotráfico, secuestro, extorsión y violencia
- Trabajo conjunto entre poderes del Estado: Coordinación entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial para enfrentar la criminalidad, mejorar leyes, agilizar procesos y evitar choques institucionales.
- Fortalecimiento de la Fuerza Pública: Más recursos, mejor equipamiento, capacitación y presencia policial en comunidades con mayor incidencia delictiva.
- Combate al crimen organizado y narcotráfico: Acciones para atacar estructuras criminales, lavado de dinero y tráfico de drogas, con apoyo de inteligencia y cooperación internacional.
- Prevención social de la violencia: Programas en comunidades vulnerables que integren educación, deporte, cultura y empleo como parte de la estrategia de seguridad.
El plan no plantea una reforma legal de fondo, pero sí propone ajustar leyes para agilizar juicios, reducir la mora judicial y fortalecer herramientas contra el crimen organizado.
Propuestas en otras temáticas
- Reforma y modernización del Estado: Simplificación de trámites, digitalización de servicios públicos y reducción de duplicidades para hacer al Estado más ágil y eficiente.
- Descentralización y fortalecimiento municipal: Mayor protagonismo de las municipalidades en ejecución de obra pública, mantenimiento urbano y desarrollo local, con controles claros y rendición de cuentas.
- Apoyo a pymes y emprendimientos: Facilitar crédito, capacitación y acceso a mercados para pequeñas y medianas empresas, especialmente en zonas rurales y costeras.
- Agricultura y seguridad alimentaria: Impulso a la producción nacional, encadenamientos productivos y uso de tecnología para proteger a los productores y reducir dependencia externa.
- Economía digital e innovación: Promoción de comercio electrónico, digitalización de negocios y adopción tecnológica para mejorar productividad y competitividad.
