El programa de gobierno que presentó al país el Partido Liberal Progresista (PLP) en el marco del proceso electoral de cara al primero de febrero próximo contempla la introducción de penas más fuertes para los delincuentes dedicados a la narcoactividad o delitos relacionados.
La agrupación estima la situación de inseguridad que vive el país como uno de los problemas más urgentes por abordar, aunque no plantea acciones concretas en el documento. Más bien, espera delinear las principales medidas en los primeros 100 días de una eventual administración.
En materia de seguridad, el PLP plantea tres grandes objetivos:
- Disminuir sustancialmente los homicidios dolosos
- Prevenir la criminalidad general y la violencia interpersonal
- Bloquear el avance del crimen organizado transnacional
Para lograrlo plantean un esquema de coordinación interinstitucional entre los poderes del Estado, basada en el diálogo, la definición de prioridades comunes y el intercambio de información estratégica.
A eso se suma el establecimiento de protocolos de colaboración entre la Fuerza Pública y las policías municipales, así como un sistema nacional de interoperabilidad tecnológica y de comunicaciones.
Los liberales se plantean presentar un Plan Nacional de Prevención del Delito, en los primeros 100 días de la administración en casi de ganar las elecciones. Ello quiere decir que no llegarían al poder con la propuesta definida.
Lo mismo sería en el caso de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, basado en 10 ejes estratégicos:
- Fortalecimiento institucional y gobernanza
- Anticorrupción, antilavado, antisoborno
- Desarticulación de las economías criminales
- Cooperación Pública – Privada para la protección de la cadena de suministros
- Implementación al 100% del Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas.
- Promoción del Operador Económico Autorizado (OEA) para las industrias en la cadena de suministro.
- Abordaje del crimen organizado en centros penitenciarios.
- Reforzar el sistema nacional de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, mediante reformas legales que desincentiven el uso de efectivo, establezcan mecanismos para la trazabilidad de monedas virtuales y garanticen que nuevos sujetos obligados a controles antilavado, como las subastas ganaderas, cumplan con la legislación.
- Despolitizar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y trasladarla con todas sus competencias del Instituto Costarricense sobre Drogas hacia el Banco Central de Costa Rica.
- Eliminar la excesiva regulación, las cargas impositivas y el diferencial de precios entre fronteras que incentiva el contrabando de cigarrillos, alcohol y medicamentos.
Además, contemplan el fortalecimiento de las penas y la eliminación de los beneficios carcelarios para quienes sean sentenciados por delitos relacionados con narcoactividad. Pero, también, durante el proceso de investigación, se amplían los plazos de prisión preventiva y de la misma investigación.
También se introduce el delito de crimen organizado juvenil, aplicando los mismos principios que en los casos que involucran a adultos.
Ahora bien, plantean incrementar la presencia policial, con apoyo de herramientas tecnológicas, investigación Judicial (OIJ).
Vigilancia con drones, cámaras, radares y hasta faros, es parte de la propuesta para controlar las fronteras y los puntos calientes desde el punto de vista delincuencial. Ello, además de incrementar el número de policías en 10.000 al cabo de los cuatro años de gestión.
Relaciones con Taiwan
El PLP apunta a restablecer relaciones diplomáticas con Taiwan (República de China), si bien no hace ninguna mención a las relaciones con la República Popular de China (China Continental).
En el escenario diplomático actual, las relaciones diplomáticas son un asunto excluyente entre esas dos naciones. La primera nunca se independizó de la segunda, pero en un sentido práctico se maneja como un país independiente, algo que no es reconocido por la segunda.
