Autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dieron su respaldo al proyecto de Ley que busca crear un registro público de sentenciados por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. La iniciativa es analizada por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
La propuesta de ley presentada por la ahora diputada independiente Gloria Navas es de orden público y tiene por objeto tutelar la vida y seguridad de los niños y adolescentes, evitando la cercanía de personas que hayan sido condenadas por delitos sexuales, con personas menores de edad.
Según expone la iniciativa, por el perfil delictivo de los ofensores sexuales, en la mayoría de los casos, se presume que estas personas podrían reincidir. Con el lista se generarían alertas tempranas preventivas a nivel nacional sobre la presencia de personas con antecedentes delictivos sexuales.
Se pretende, por ello, que el Poder Judicial tenga acceso inmediato a este registro; al igual que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Sistema de Emergencias del 9-1-1, las municipalidades, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), todos los cuerpos policiales del país; así como instituciones públicas y privadas de educación y salud.
Rosa María Jiménez jefa de la sección especializada de Violencia de Género y Trata de Personas del OIJ, explicó que esta es una situación que debe atenderse, ya que se presentan muchos casos de reincidencia varios de los cuáles incluso son a nivel familiar.
Jiménez añadió que varios de los casos de reincidencia en materia de abusos y violaciones sexuales terminan, lamentablemente, en femicidios.
Una acción que realiza el OIJ de forma interna para tratar de prevenir estos delitos es que en Planes y Operaciones se revisa recurrentemente a algunas personas sentenciadas por causas similares.
Desde su punto de vista, el registro permitiría al OIJ tener una información directa que permita estar monitoreando a los ofensores, como ocurre en otros países.
Óscar Valverde, director de la Fundación Paniamor, presente en la misma audiencia, consideró que en el proyecto se debería definir el plazo de vigencia de las inscripciones en ese registro público.
En este punto propuso que el seguimiento mínimo sea entre 5 y hasta 15 años, “pero yo no podría decirle que después de 15 años esa persona no es un riesgo".
