El Tribunal de la Inspección Judicial del Poder Judicial recomendó a los magistrados de la Corte Plena archivar otra investigación y desestimar la apertura de una causa disciplinaria contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz.
Se trata de una denuncia anónima presentada ante la Inspección Judicial, en la que se señalaba que el jerarca del Ministerio Público favoreció a una funcionaria judicial con un nombramiento en la Unidad de Capacitación, supuestamente por sostener una relación sentimental con ella.
Tras la investigación se concluyó que el proceso de nombramiento se realizó conforme con los procedimientos establecidos y conforme al con el marco de la legalidad.
Las entrevistas realizadas por la persona inspectora a cargo de la investigación a la Unidad de Valoración Psico sociolaboral tampoco evidenciaron injerencia alguna por parte del Fiscal, determinó la Inspección Judicial.
Asimismo, adujo que no hay ningún elemento de la investigación que permita establecer que existiera algún tipo de relación sentimental entre el fiscal general y la funcionaria Arelys Mora.
Según indicaron en la Inspección Judicial, se realizó un proceso de entrevistas a once funcionarios que laboran con Mora, a la cual acusaban, y determinaron que en ninguna de los casos se les observó alguna irregularidad.
El fiscal Díaz todavía tiene otras causas en trámite que están en proceso de evacuación de prueba, con audiencias orales y privadas.
A Díaz el presidente de la República, Rodrigo Chaves le ha hecho varios cuestionamientos, especialmente después de los allanamientos que encabezó en relación con el "Caso Barrenador".
Además, la diputada Pilar Cisneros lo denunció en relación con las manifestaciones que hiciera ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. En este caso ya se ha notificado un auto de inicio de procedimiento.
Adicionalmente, se tramita el expediente 25-000289-0031-DI, que se encuentra en la fase de investigación preliminar. Se trata de una denuncia por acoso laboral presentada por el fiscal Esteban Aguilar, hermano del jefe de despacho del presidente Chaves.
