El fiscal general de la República, Carlo Díaz encabezó este viernes el secuestro de la documentación que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en torno al financiamiento de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia.
La diligencia fue autorizada el jueves por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia luego que en noviembre pasado se le solicitara autorización para el secuestro de los documentos, como estable ce la legislación, por estar involucrados miembros de los Supremos Poderes.
Los documentos serán analizados por el Ministerio Público y se unen a otros insumos que ya ese ente tiene en su poder, como parte de la investigación, en la que figuran como sospechosos el presidente Chaves, el canciller, Arnoldo André, junto a los diputados Luz Mary Alpízar y Waldo Agüero.
Díaz encabezó el procedimiento judicial en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, donde se logró recabar 10 tomos de archivos físicos y digitales entre la documentación correspondiente a la campaña para las pasadas elecciones por parte del PPSD.
Díaz explicó que el proceso se abrió desde el año pasado cuando el TSE completó su informe. Desde el 2021 este ente comenzó una investigación por el presunto uso de una estructura paralela para financiar la campaña electoral del 2022.
Según el fiscal general, el informe contiene información privada, como el reporte de cuentas bancarias, al levantarse el secreto bancario y secreto tributario, en las pesquisas del TSE. Por este motivo, el contenido no es público.
En medio de este caso, Chaves a arreciado sus cuestionamientos al fiscal Díaz. Cada semana se cuestiona por qué la Corte Suprema de Justicia no lo ha destituido. Le achaca una variada serie de irregularidades, tanto administrativas como en el manejo de casos.
TSE
Ante la intervención de la Fiscalía, el jefe de la Dirección de Financiamiento de Partidos políticos, Ronald Chacón señaló que se le dieron todas las facilidades a los encargados, para que se realizara en el menor tiempo posible.
Chacón adujo que pese a que la Fiscalía se llevó los documentos originales, a ellos les queda el respaldo para continuar con las investigaciones administrativas en torno a los mismos hechos, que pueden ser castigados con multas.
Sostuvo que el informe es de carácter confidencial, por lo que no se pueden dar detalles sobre la información, además de que desde su cargo, tiene impedimento legal para hacerlo.