Ante de dos resoluciones de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se remitieron a la Inspección Electoral dos denuncias por beligerancia política contra la exministra de la Presidencia, Laura Fernández.
Según informó el TSE, las denuncias se refieren a la conferencia de prensa del presidente de la República, Rodrigo Chaves, del 30 de enero pasado, en la que se anunció, entre otras, la renuncia de Fernández.
Ese mismo día también se dieron a conocer las salidas del ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla y del ministro de Economía, Industria y Comercio, Francisco Gamboa. las tres renuncias se harían efectivas al día siguiente.
Precisamente, esas renuncias se dieron en la fecha límite establecida en la normativa electoral para que quienes integraban el Poder Ejecutivo y tuvieran interés en presentar sus nombres en alguna fórmula presidencial de cara a las elecciones del primero de febrero de 2025, dimitieran.
Las acciones provienen de dos vías: una del diputado del partido Frente Amplio, Antonio Ortega, y otra, de los ciudadanos Óscar Aguilar, Óscar Castillo, Erick Sojo, Marco Castillo, y Rocío Ramírez.
La denuncia de Ortega se centra en el uso de un pin con el símbolo de un jaguar por parte de Fernández en la citada conferencia de prensa.
Por otro lado, el grupo de ciudadanos planteó que el jaguar es el emblema de un partido político en proceso de inscripción ante el TSE.
Esos mismos argumentos formar parte de un proceso en contra de Chaves, también por beligerancia política. Sin embargo, los procesos contra el mandatario y contra Fernández serían diferentes, pues en el caso de ello, cualquier decisión se tomará en el ámbito del Tribunal, pero en el caso de Chaves, una vez completada la investigación, en caso de confirmarse los hechos denunciados, se deberá remtir el expediente a la Asamblea Legislativa.
Un órgano integrado por tres magistrados electorales suplentes, fue el encargado de conocer, en primera instancia, los conflictos de carácter contencioso-electoral cuya resolución involucre el ejercicio de la potestad sancionatoria del TSE.
Ahora, por disposición del artículo 270 del Código Electoral, será la Inspección Electoral, instancia interna del TSE, la encargada, de realizar las investigaciones y y definir eventuales procedimientos sancionatorios, garantizando el debido proceso.
El Tribunal recuerda que la Inspección, no actúa como órgano decisor, pues esa competencia corresponde en estos casos a los jueces electorales de la Sección Especializada y, frente a recursos contra lo resuelto por estos, del Tribunal Supremo de Elecciones.
