El Partido Justicia Social Costarricense propone en su programa de gobierno una reforma del Estado. La argumentación explica que esta no iría en la vía de disminuir el tamaño del aparato estatal, sino en busca de que se le dé una vuelta al interés público.
Esta agrupación presenta como candidato presidencial para las elecciones de este domingo primero de febrero a Walter Rubén Hernández Juárez.
Consideran que el Estado es ineficiente, pero no por ser grande; más bien lo justifican en una mala organización, fragmentación, duplicidad de funciones y capturado por intereses contrarios al interés público.
En este ámbito, una de las principales propuestas de la agrupación es explorar toda la institucionalidad del Estado costarricense con el fin de identificar medidas inmediatas para agilizar procesos que contribuyan a reactivar la economía, mejorar servicios públicos, simplificar trámites, combatir la corrupción, crear obra pública y administrar los recursos de forma más eficiente y eficaz.
Entre las propuestas sobre el tema señalan:
- Reorganización y modernización institucional: Se propone revisar toda la estructura del Estado para eliminar duplicidades, burocracia innecesaria y trámites lentos. La meta es que las instituciones funcionen con objetivos claros, medibles y centrados en resultados, usando tecnología y controles cruzados para mejorar la gestión pública.
- Reforma fiscal y justicia distributiva: La propuesta de reforma del Estado incluye una transformación del sistema fiscal para hacerlo progresivo y equitativo. Implica revisar exoneraciones injustificadas, combatir con firmeza la evasión y elusión fiscal.
- Combate frontal a la corrupción y ética pública: Se plantea reforzar la rendición de cuentas desde Casa Presidencial hasta las instituciones autónomas. Incluye fortalecer la Contraloría, el Poder Judicial y los sistemas de auditoría, impulsar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y garantizar transparencia total en el uso de fondos públicos.
- Estado cercano a la gente y descentralizado: Apuesta por empoderar a las municipalidades y a las organizaciones sociales, transfiriendo más capacidad de decisión y ejecución a nivel local. Esto busca que los problemas se resuelvan donde ocurren, con participación ciudadana directa y control social.
- Gestión pública basada en valor público: El Estado debe invertir con criterio técnico y científico, evaluando el impacto social, económico y ambiental de cada política. El presupuesto público se orienta a generar “valor público”, no solo a cumplir procedimientos administrativos.
- Revisión de decretos, deuda y políticas heredadas: Desde la Presidencia se propone revisar decretos que afecten derechos laborales o profundicen pobreza y desempleo, así como revisar la deuda pública interna y externa para aliviar su peso y liberar recursos para inversión estratégica.
Dentro del programa de gobierno resalta que en el centro de la posible reforma estará la justicia social, con el objetivo de reducir la pobreza extrema. Si bien detallan acciones no presenta un proyecto estructurado preparado para ejecutar, sino en la línea de una especie de auditoría para reparar los errores estructurados.
Además, se adhieren a los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, entre los que está el fin de la pobreza.
Educación y salud
La propuesta educativa del Partido Justicia Social va en la línea de la reforma estatal, en este punto hacia una educación para la vida, dejando atrás el modelo memorístico. Priorizar habilidades como pensamiento crítico, educación cívica, ética, finanzas personales, cultura de paz y competencias digitales, con la educación como base para reducir desigualdad y prevenir la violencia.
Un segundo eje es la dignificación del personal docente y administrativo. Mejorar condiciones laborales, fortalecer la formación inicial y continua, acreditar obligatoriamente las carreras de educación y evaluar el desempeño con un enfoque formativo. También propone revisar interinatos y recuperar incentivos vinculados al buen desempeño.
En materia de acceso y permanencia, se busca combatir la deserción escolar desde la primera infancia hasta la educación superior. Se plantea ampliar la cobertura de educación temprana, fortalecer becas y apoyos económicos y universalizar servicios de apoyo educativo para atender necesidades académicas y socioemocionales.
Finalmente, el programa apuesta por conectividad e infraestructura de calidad. Se compromete a garantizar internet en el 100 % de los centros educativos, cerrar brechas digitales y mejorar la infraestructura escolar mediante mantenimiento permanente, asegurando que la inversión del 8 % del PIB se traduzca en calidad e inclusión.
En materia de salud, la vista la ponen en el fortalecimiento de la CCSS con claves como modernizar sin privatizar, un cobro riguroso de las deudas que mantienen con el Estado, patronos y grandes contribuyentes. Además de eliminar duplicidades, mejorar el sistema de compra, contrataciones y el uso de recursos.
Otros postulados que tienen para el sector salud versan sobre:
• Priorizar la promoción de la salud, la detección temprana y el control de enfermedades crónicas para reducir la saturación hospitalaria.
• Fortalecer la atención psicológica y psiquiátrica, especialmente en jóvenes, con servicios accesibles y enfoque comunitario.
•Impulsar modelos de salud cercanos a las comunidades, con énfasis en zonas rurales, costeras y poblaciones vulnerables.
•Fortalecer la capacidad de respuesta ante pandemias y crisis de salud pública mediante planificación y coordinación institucional.
•Proteger la salud pública con políticas de agua potable, saneamiento, manejo de residuos y control de la contaminación.
•Reducir brechas territoriales y sociales garantizando atención oportuna a poblaciones prioritarias.
