El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega presentó un proyecto para "Fortalecer la Beligerancia Política y Resguardar el Principio de Neutralidad Política", como una respuesta ante la cúmulo de denuncias por beligerancia política que se han presentado en los últimos meses contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
En realidad, aunque el nombre puede sugerir otra cosas, Ortega busca ampliar la actual legislación electoral en procura de evitar los discursos considerados como electoreros desde la palestra de la función pública.
Estima que sería una acción paliativa a las reiteradas manifestaciones realizadas en los últimos meses por Chaves.
Con el plan se reformarían los artículos 146 y 265 del Código Electoral, además de modificar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en el artículo 22.
La reforma al artículo 146, sobre las prohibiciones a “empleados y funcionarios públicos” amplía la restricción para cubrir las manifestaciones o insinuaciones de cualquier naturaleza tendientes influir en la voluntad electoral y hacer uso de su cargo, recursos públicos o personal.
“El objetivo del proyecto es realizar la prohibición de una vez a aquellas manifestaciones o insinuaciones de algún tipo que llamen a influir en la voluntad del electorado”, destacó el legislador frenteamplista.
Además de la posibilidad ya existente de ordenar la destitución del funcionario, el Tribunal Supremo de Elecciones, podría imponer inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de dos a ocho años, aumentando cuatro años más la suspensión a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones contempladas en el referido artículo.
Ortega señaló que será una forma de evitar las insinuaciones para mover la opinión pública a favor de propuestas, candidaturas, precandidaturas, en cargos de elección popular o partidos políticos durante todo el periodo del ejercicio de un cargo.
Para asegurar que sea de esa manera el proyecto reforma el artículo 265 del mismo Código para que el TSE pueda abrir una investigación de oficio ya que en la actualidad solo pueden realizarse a partir de una denuncia.
Paralelo a eso, se reforma el artículo 22 de la ley orgánica de la Contraloría General de la República, para que está entre en escena, de oficio, cuando haya sospecha de uso de recursos públicos para fines electoreros.
El legislador frenteamplista subrayó que con esta propuesta se busca garantizar que las elecciones sean libres e informadas, protegiendo la imparcialidad y promoviendo la competencia con equidad de todos los partidos políticos.
Concluyó que también se tiene como meta, “luchar contra la corrupción que surge cuando funcionarios públicos, sobre todo aquellos en altos cargos como el presidente Chaves, se aprovechan de su cargo para hacer campaña electoral”.
