La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó al exdiputado Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en el período 2018-2022, y solicitó apertura a juicio.
El exlegislador es actualmente el representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), designación que llegó al inicio de la actual administración.
A Masís, la FAPTA le atribuye los delitos de incumplimiento de deberes y legislación o administración en provecho propio, este último incluido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
En la Fiscalía aducen que los hechos acusados ocurrieron el 17 de setiembre del 2020, en sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, cuando Masís emitió un voto positivo a una moción de apelación que pretendía eliminar una sanción administrativa impuesta por la Presidencia del Congreso contra un grupo de diputados entre los cuales estaba él mismo.
En el Plenario se analizaba una posible destitución de la entonces defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Un grupo de diputados salieron para romper el cuórum el día previo a la votación.
Según indicó la Fiscalía, la sanción implicaba el no pago de la dieta de esa sesión, al haberse corroborado que Masís ingresó con posterioridad a la orden de cierre de puertas y ya se había decretado la ausencia de cuórum para sesionar.
La denuncia se tramitó el 30 de noviembre de 2022, cuando ya había salido de la Asamblea.
El expediente fue comunicado a la Procuraduría General de la República (PGR), para que ese órgano se pronuncie respecto a la posibilidad de interponer una acusación particular y una acción civil resarcitoria.
Ahora los jueces determinarán si tiene que darse un eventual reclamo económico por daños y perjuicios en favor del Estado.
