El más reciente informe del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA) reflejó que el Estado avanza hacia un esquema de violencia estructural “que se expande por todo el territorio nacional”.
Los resultados indican síntomas de confrontación entre órganos de decisión política y Poderes de la República, la violencia que se manifiesta en las calles y el abandono de agendas proclives a la defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con el análisis, esta situación facilita que exista un vacío en la generación de acuerdos importantes para el país, mientras que las desigualdades económicas y sociales continúan afectando a la población, lo que es perceptible en áreas como la educación, el medio ambiente, los programas sociales y la infraestructura pública.
Según Carlos Carranza, coordinador del Programa, “a través del análisis de diversos temas clave, se expone una coyuntura marcada por tensiones políticas, desafíos estructurales y una sensación general de incertidumbre”.
El estilo discursivo del presidente de la República, Rodrigo Chaves, está marcado por el enfrentamiento con otros sectores políticos y sociales, al utilizar mensajes con tono "confrontativo" y dirigirlos por medio de canales fuera de la comunicación formal.
En el estudio se refleja que el estilo presidencial está marcado por el enfrentamiento con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial y diferentes órganos de los poderes de la República.
Estos ataques se han mantenido recurrentemente con el Congreso y particularmente, con Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea Legislativa y atizados por la ausencia de un Ministerio de la Presidencia que sirva como puente, de diálogo en las relaciones entre poderes, destaca el estudio.
En el informe resaltan que el choque ha ido mucho más allá de la relación Zapote-Cuesta de Moras, ya que ha escalado con la marcha contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz, en la que participaron el propio mandatario y su gabinete.
Los ataques se ven reflejados por cinco razones. En primer lugar, el aumento, inusitadamente, de las tensiones entre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y Chaves, seguido por el hermetismo y la confrontación como estrategias políticas de la fracción oficialista y el Poder Ejecutivo.
Además, hay un incremento del uso de poderes formales como el veto total y parcial, y las políticas de austeridad fiscal observadas durante el último periodo, así como el ataque a las instituciones públicas de salud y educación.
Carranza agregó que esta violencia estructural se nota por el uso continuo del veto presidencial ante proyectos de ley que no son de interés del Poder Ejecutivo. “Esta actitud ha contribuido a una atmósfera de polarización y debilitamiento del diálogo institucional”, dijo.
En la Escuela de Sociología de la UNA consideran que la violencia estructural no solo se alimenta con el discurso confrontativo de parte del Poder Ejecutivo hacia otras entidades. Se ha convertido en un hecho social recurrente que tiene otras manifestaciones.
El informe destaca que la actual Administración no ha logrado revertir “esta tendencia preocupante” de la violencia estructural y que, más bien, ha dado un giro en su política hacia un enfoque neoconservador en distintos temas; entre ellos los derechos humanos, protección de minorías y atención de la población migrante.
