El Poder Judicial defendió ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa su propuesta presupuestaria para el 2026, que asciende a ₡532.837 millones, apenas un 0,2% más que en 2025 y equivalente al 4,16% del presupuesto nacional.
Según las autoridades del Poder Judicial el plan financiero se elaboró bajo el principio de austeridad y contempla únicamente los requerimientos mínimos para garantizar la operación institucional.
Señalaron que, sin embargo, dejan sin financiamiento necesidades relevantes como el reforzamiento de cuerpos de seguridad, el fortalecimiento de despachos en zonas alejadas y la creación de una jurisdicción especializada para pueblos indígenas.
Durante su exposición, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, aseguró que la institución mantiene su compromiso con la eficiencia y la adaptación, pese a las restricciones:
“Somos un Poder Judicial autocrítico, que procura el cambio, la adaptación y la búsqueda de soluciones para una justicia más rápida y efectiva. Los resultados de estos esfuerzos ya están dando frutos”, señaló Aguirre.
Entre los avances de gestión, el Poder Judicial destacó la reducción de 113.386 expedientes activos en los últimos cuatro años (14,23% menos), el incremento en la productividad judicial, pasando de 537.727 expedientes resueltos en 2021 a 578.703 en 2024, y la atención del 65,99% de los casos ingresados en 2024.
En criterio de las autoridades, se requiere respaldo presupuestario para atender, al menos, los siguientes asuntos:
Por su parte, Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), volvió a enfatizar en su reclamo al Ministerio de Hacienda por no trasladar los recursos contemplados por la Asamblea Legislativa en el presupuesto 2025 para la apertura de nuevas plazas.
“Exigimos respeto y coherencia; el país necesita que se atienda con prioridad la lucha contra la criminalidad”, externo.
Entretanto, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, defendió que el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo por enfrentar el crimen organizado y la corrupción pese a las limitaciones.
La diputada del Partido Liberación Nacional, Sonia Rojas cuestiono al Poder Ejecutivo: “yo no entiendo por qué a unos si y a otros no”, apuntó, en referencia al hecho de girar fondos para el Ministerio de Seguridad Publica para la creación de más plazas, pero no al OIJ.
Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, cuestiono que al ser el año en que se libero de la etapa mas severa de la Regla Fiscal al Poder Judicial, apenas se le da un aumento del 0.2% para 2026, a pesar de que el trabajo se ve cada día con las acciones de OIJ.
Para Feinzaig “evidentemente hay una intención política de dificultar esa labor” dado que el OIJ es el que lleva la mayor carga en el trabajo de desarticular a todas estas bandas criminales.
La jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros le cuestiono al presidente de la Corte si el Ejecutivo le ha recortado el presupuesto o le otorga el 6% Constitucional que le corresponde.
Ante esto Aguirre justifico que este porcentaje había sido contemplado para el aparato de la administración de justicia y ahora el Poder Judicial ha cambiado porque se han ido “arrimando” Fiscalía, OIJ, Defensa Publica entre otras.
Por su parte el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña le recordó a Cisneros que la Constitución Política, en el artículo 177, lo que establece es una base que se le debe dar al Poder Judicial y, por ende nada impide dar mayores recursos.
