El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Inteligencia Tributaria (DIT) pretende acceder a información personal de los usuarios de los servicios de telecomunicación.
Así lo denunció el diputado del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, quien señaló que la administración del presidente Rodrigo Chaves busca acceder a datos personales de usuarios de telecomunicaciones a partir de una directriz emitida entre el 12 y 14 del presente mes de marzo.
El documento fue remitido por la DIT a los operadores de telefonía solicitando datos e información personal y confidencial de cada uno de los clientes, con la indicación de que sigan actualizando dicha información mensualmente.
En detalle, deben incluir nombre completo, numero de documento de identidad, si la persona es nacional o extranjera, número de teléfono, correo electrónico, tipo de contrato y la dirección de su hogar georreferenciada.
Además, se les direcciona para generar una coordinación con las otras áreas de la Dirección General de Tributación para generar cruces de información.
También deben elaborar los indicadores de riesgo que permitan a los órganos de control tributario detectar contribuyentes y sectores económicos, con perfiles de riesgo.
El legislador presento el oficio en el que se deja claro que Hacienda quiere datos personales de los contactos en forma masiva, sin que sean personas señaladas por ninguna investigación fiscal.
Feinzaig señaló que la legislación recuerda que el derecho fundamental a la intimidad, incluidos los datos personales, está protegido por la Constitución Política en su artículo 24, y por el artículo 13, inciso 1 de la Convención Interamericana de DDHH.
Añadió que la Ley de Protección de Datos establece que cada persona es la dueña de sus datos y destaca el principio de consentimiento informado, por el que nadie puede hacer uso de la información sin el permiso expreso de la persona.
Además, para dar consentimiento, cada persona debe recibir explicación sobre para qué serán usados sus datos y qué tratamiento se les dará.
El legislador recordó que; “al contratar un servicio de telecomunicaciones, usted está entregando su información personal a un tercero, el operador, que lo recolecta con fines comerciales y únicamente puede usarla para poder brindarle el servicio contratado”.
Feinzaig explicó que los operadores de los servicios de telefonía no son los dueños de los datos, sino solamente los custodios y que ningún tercero tiene derecho de acceder a a ellos sin el consentimiento, a menos que sea una orden judicial o administrativa, en caso de ser investigado por una causa válida.
El legislador liberal recordó que la mención de que la Ley General de Telecomunicaciones, por la que rigen los operadores de telecomunicaciones, le dedica un capítulo completo al tema de protección a la intimidad. En el artículo 43 obliga a los operadores a “garantizar el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y la protección de los datos de carácter personal de los abonados”.
En el PLP consideran inaceptable que se soliciten datos en forma masiva y sin que medien investigaciones particulares justificadas.
“Esto es mucho peor que el caso de la UPAD y las pruebas faro del PAC. Hace cosa de un año vimos al Banco Central de Costa Rica tratando de espiar cuentas bancarias ‘con fines estadísticos’. Y ahora el nuevo espionaje a la vida privada de los ciudadanos viene del Ministerio de Hacienda, curiosamente a seis meses del arranque de la campaña electoral”.
Eliécer Feinzaig concluyo instando a todos los operadores de telecomunicaciones a resistir y no entregar los datos, y a la vez hizo un llamado a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y a Agencia de Protección de datos de los Habitantes (PRODHAB), para que se pronuncien sobre lo que considera una grave violación a los derechos ciudadanos.
