Luego de un análisis los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acordaron no usar la tecnología de “Papeleta Única Electrónica” (PUE) en las próximas elecciones presidenciales y legislativas del año 2026.
Pase a que el voto electrónico tuvo aceptación del público y pasó las pruebas por parte del TSE, la decisión se basó en razones económicas. De implementarse en un 25% de las juntas receptoras de votos implicaría una inversión de $5,5 millones de dólares.
La proyección de costos es resultado de un estudio de mercado a través de SICOP, del 20 al 31 de mayo del año en curso, para conocer intenciones de oferta.
Ante la cotización de cuatro escenarios, existió el interés de ofertar por parte de dos empresas. En un caso, de acuerdo con el ultimo padrón electoral de febrero 2024, el voto electrónico sería aplicado en 1582 juntas receptoras de votos, y se estimaron costos en aproximadamente $3.500 por la utilización de cada máquina.
Para el TSE este es un monto muy elevado en medio de la actual situación del país y la relación costo-beneficio, a juicio del citado informe, no es favorable ni aconsejable.
Adicionalmente, la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, consideró que las principales virtudes de la PUE, claves para un proceso electoral municipal, de alta complejidad logística, no resultan igual de apremiantes en uno nacional.
Según el Tribunal, un ejemplo es que se suprime la necesidad de impresión de papeletas en los plazos, cada vez más acortados, en la elección municipal de 2024 cuando se debieron imprimir más de 650 diseños distintos de papeletas. Pero, en 2026 serán solamente 8, lo que puede realizarse incluso mediante tecnología Offset.
Los magistrados acordaron esperar a que el mercado ofrezca alternativas congruentes con las limitaciones presupuestarias que actualmente se enfrentan, y que permitan que los procesos de impresión de papeletas, conteo de votos y mejora de los tiempos de transmisión de resultados, sin menoscabo de las garantías de confiabilidad y seguridad del sufragio.
Ahora, el Registro Electoral deberá seguir analizando el mercado, hasta encontrar esas alternativas.
