Los legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron una reforma legal que busca sancionar por la vía penal a las personas que traten de ingresar algún tipo de tecnologías de comunicación en los centros penitenciarios.
Al darle carácter de delito a la introducción de aparatos de comunicación a las cárceles, los diputados procuran detener las acciones criminales desde el interior de las cárceles.
Según los números de la Dirección de Adaptación Social, entre octubre y diciembre de 2023 la Policía Penitenciaria incautó 784 teléfonos celulares y 563 chips internacionales de Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Colombia y Estados Unidos.
Con la iniciativa se castigará el ingreso ilegal a los centros penitenciarios de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos o partes de estos, cuyo objetivo sea la comunicación con el exterior, así como tarjetas SIM, enrutadores, adaptadores de red, cargadores o cables.
En la nueva norma que se agrega al Código Penal se indica que: “se impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión a quien, sin estar autorizado legal o reglamentariamente para ello, posea, introduzca, facilite o procure por cualquier medio el ingreso a un centro penitenciario de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos o partes de estos”.
Para los funcionarios públicos, junto con proveedores de servicios o productos y los abogados en el ejercicio de su profesión o cualquier otra persona a la que se le haya otorgado una autorización de ingreso especial la pena por cometer este delito sería agravada.
La sentencia aumentaría en un tercio si quienes introducen dichos artefactos electrónicos a la cárcel en los establecimientos penitenciarios cerrados son funcionarios públicos.
La medida responde a un fallo de la Sala Constitucional del 20 de junio del 2001. Al tratarse de materia represiva, la de mayor intervención y supresión en los bienes jurídicos de los ciudadanos, se debe garantizar y definir cuáles son las acciones concretas.
Este proyecto de ley requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos presentes, pero por ser una iniciativa de consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia, debe tenerse en cuenta que en caso de que esta se oponga al proyecto, se requerirá mayoría calificada para su aprobación.
