Con miras a las elecciones nacionales del próximo 1.º de febrero de 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció el desplazamiento de 120 asesores electorales a los 84 cantones del país, con el fin de cumplir diversas tareas clave para la organización y buen desarrollo de los comicios.
Los funcionarios fueron juramentados este martes en el auditorio del TSE, en un acto que contó con la participación de las magistrados electorales e iniciarán su labor el lunes 17 de noviembre, en una gira que se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2025.
Durante este período deberán ratificar los centros de votación y juramentar a las personas integrantes de las juntas receptoras de votos (JRV), así como a las juntas cantonales y auxiliares, que desempeñarán funciones durante la jornada electoral.
Posteriormente, los asesores retornarán a sus respectivas zonas de trabajo el 5 de enero de 2026 para iniciar la entrega de la documentación electoral, proceso que deberá completarse antes del 24 de enero, conforme al cronograma oficial del TSE.
Esta etapa también incluirá la juramentación pendiente de agentes electorales y la sustitución de miembros en caso de que surjan imprevistos.
Además de las tareas logísticas, los asesores electorales serán los encargados de coordinar acciones con la Fuerza Pública, las juntas cantonales, el Cuerpo Nacional de Delegados y las personas responsables de los centros de votación, para garantizar el orden, la seguridad y la eficiencia del proceso electoral.
Esta labor resulta esencial en la etapa preparatoria de las elecciones, en las que Costa Rica elegirá al presidente y los vicepresidentes de la República, así como a los nuevos diputados a la Asamblea Legislativa.
El TSE destacó que el despliegue de asesores electorales es una pieza clave en el engranaje técnico y operativo que asegura el desarrollo transparente, ordenado y confiable de los comicios, reafirmando la vocación democrática del país y el compromiso institucional con la integridad del proceso electoral.
Así, el Tribunal avanza en la preparación de uno de los procesos más complejos y fiscalizados del calendario cívico nacional. Ese ente tiene la meta de que cada voto cuente y cada ciudadano pueda ejercer su derecho con confianza y seguridad.
