La Corte Suprema de Justicia impulsa una reforma al Código Procesal Penal para potenciar procesos más rápidos y eficientes, en respuesta al contexto de inseguridad que atraviesa el país.
El presidente de la Corte, Orlando Aguirre explicó ante los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa que el plan desarrollado por la Sala Tercera forma parte de una serie de cambios que buscan mejorar la respuesta del sistema judicial.
Añadió que se trata de modificaciones puntuales que generarían cambios de alto impacto ante la delincuencia, para combatir la impunidad y garantizar mayor protección a las víctimas.
Por ejemplo, si una persona imputada no se presenta a la audiencia preliminar sin justificación, sería declarada en rebeldía.
En el caso de los delitos que se castigan con penas de hasta 10 años, se busca que un solo juez realice el proceso como tribunal unipersonal que podrá conocer el juicio, lo que permitirá resolver más casos en menos tiempo.
Uno de los problemas que se han dado con más frecuencia en los últimos años es el de posponer audiencias porque el abogado litigante tiene la agenda llena. Aquí se busca corregir esa situación. Si el defensor no puede asistir, la persona imputada tendrá un máximo de cinco días para nombrar a otro, o se le asignará un defensor público para evitar retrasos innecesarios.
La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, explicó que se pretende establecer establecer que la audiencia preliminar será el último momento procesal para acceder a una solución alterna o a un procedimiento especial abreviado. Por ello, se hace obligatoria la asistencia de la persona imputada y se convoca también a la víctima.
Aguirre destacó que este proyecto de ley evidencia el compromiso y la proactividad del Poder Judicial para enfrentar el fenómeno de inseguridad. “No se trata solo de discursos y diagnósticos, sino de acciones concretas que incidirán directamente en un mejor sistema de justicia”, apuntó
Por su parte, Solano enfatizó en que el proyecto se enfoca en eliminar trabas y prácticas procesales abusivas, siempre respetando las garantías y el debido proceso.
Además, añadió que conociendo como funciona el proceso penal y los requerimientos de la institución fue que lograron diseñar estas reformas direccionados al inciso “J” del artículo 30, el sub inciso “E”) del inciso 3) del artículo 71, y los artículos 90, 92, 104, 277, 316, 317, 318, 319 y 373.
Del mismo modo, se contempla una reforma al artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo cual se permitiría la aplicación de los cambios que buscan en el Código Procesal Penal.
Con las reformas, se reduciría el nombramiento de jueces.
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