Los diputados aprobaron de forma unánime el proyecto que agravará las penas para quienes abandonen a los adultos mayores.
Se trata de una reforma al artículo 142 bis del Código Penal, que establece como una agravante el hecho de que el abandono ponga en riesgo la integridad física y psicológica de los adultos mayores debido a que las penas actuales no han producido una disminución en los casos de abandono.
En el Código Penal, el abandono a los adultos mayores tiene penas que van de los seis meses a tres años de prisión, y se establece una pena de hasta 10 años por la muerte de un adulto que sea considerado en abandono.
Pero con la reforma, si el abandono pone en peligro la vida, la salud física, mental o social de la persona, la pena pasaría a ser de entre 12 meses y 4 años de cárcel. Si el abandono genera un daño grave en el cuerpo o salud del afectado. la pena será de 3 a 6 años, y si a consecuencia del abandono ocurriera la muerte de la persona adulta mayor, la pena propuesta está entre 12 y 18 años.
La diputada Priscila Vindas, del Frente Amplio, sí aclaró que la aprobación de la iniciativa en primer debate se hizo con el compromiso de retrotraerla para realizarle modificaciones conforme con lo que les señaló el Ministerio Público, dado el rango de las penas que se están estipulando.
Añadió que ese acuerdo surgió en la Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor.
El fiscal adjunto del Ministerio Público, Freddy Fallas planteó inquietudes sobre las dos aplicaciones de castigo contempladas en el proyecto.
Considera que la redacción propuesta busca sancionar a quien esté a cargo de la persona adulta mayor en el momento del abandono, y deja fuera a los que tienen la obligación de cuidarla.
Por otro lado, el fiscal aduce que la pena propuesta para los casos de muerte del adulto mayor es la misma establecida para el homicidio simple. Critica que la muerte producto del abandono de un adulto mayor, si bien es un hecho muy grave, no es lo mismo que un homicidio doloso.
Ante ello, es de la tesis de que la pena actual debería mantenerse. La norma vigente establece una pena de seis a diez años de prisión.
El diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, proponente del proyecto, considera que las diversas reformas que ha sufrido la norma han generado mayor desprotección para los adultos mayores, por lo que se hace necesario modificar nuevamente el texto con el fin de reintegrar los elementos que produzcan mayor tutela.
