Los diputados a la Asamblea Legislativa lograron terminar la labor de la semana con un saldo positivo en lo que respecta a los proyectos de ley con los que se pretende impactar el problema de inseguridad que vive el país.
Tres iniciativas, dos de las cuáles están entre las 10 que originalmente los presidentes de los tres Poderes de la República habían establecido como prioritarias, completaron la etapa legislativa tras recibir el segundo debate en el Plenario.
Se suman a otros cinco proyectos de ley que ya habían sido aprobados en los últimos meses, para elevar la cifra a ocho, aunque uno de estos espera la segunda etapa de su trámite, por tratarse de una reforma constitucional.
Además de una reforma que restringe el uso de tobilleras electrónicas al limitar su aplicación a convictos con sentencias menores a cuatro años, los diputados dieron el visto bueno definitivo a la ley que penaliza el uso de armas de juguete en la comisión de delitos y aumenta las penas para aquellos delitos cometidos con armas de fuego, blancas o ficticias.
También se destinarán más recursos al Instituto Costarricense sobre Drogas, y se validó una reforma legal que mejora el control del uso y tendencia de armas de fuego.
Ante este panorama, es posible que en las siguientes semanas, de igual manera avancen otros proyectos en una línea similar, aunque no formar parte del acuerdo entre Poderes.
Victimarios con armas ficticias o juguetes recibirán mayores castigos
En este caso se elevaron las penas aplicables para tres distintos hechos delictivos. Las penas ahora van desde los seis meses hasta los 9 años.
Con prisión de seis meses a tres años, se castigará la sustracción que fuere cometida con el uso de la fuerza y su cuantía no excediere de tres veces el salario base.
En el caso de que el monto de lo sustraído excediere de tres veces el salario base, la pena de prisión será de uno a seis años
Cuando mediara el hecho delictivo y fuera cometido con violencia o con intimidación sobre las personas, las penas serán de tres a nueve años.
En el artículo 213 del Código Penal, la pena de cárcel cambia en los casos en que el robo fuera perpetrado forzando el ingreso, si fuera cometido con armas de fuego, arma blanca o réplica de un arma de fuego o blanca, o con intimidación. En cualquiera de esos casos se impondrá prisión de cinco a quince años.
Fondos para el ICD
El otro proyecto de ley que recibió la aprobación en segundo debate es uno que dotará de recursos al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Esta institución comenzó a verse afectada con la aprobación del proyecto sobre Liquidez del Estado, ya que no se previó que los recursos económicos incautados ya no irían allí, sino al Ministerio de Hacienda.
La reforma se aprobó por la vía rápida al ser dispensada de todo trámite, y no fue objetada por ninguna de las seis fracciones.
Se trata de una modificación al artículo 85 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, para variar la distribución de los capitales decomisados por las autoridades.
En cuanto a los bienes que vayan a la venta, subasta, remate o cualquier forma en que “hayan sido entregados en depósito judicial provisional a la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas, también aplicará la misma distribución expuesta en la ley.
La Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda deberá respetar los siguientes términos:
-Un 60% para el cumplimiento de los programas preventivos que desarrolla el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). De este porcentaje, al menos la mitad será para los programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación
El otro 40% se distribuirá con un 30% para los programas represivos por parte de las autoridades y se deja un 10% para el aseguramiento y el mantenimiento de los bienes decomisados.
