La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ordenó a la Inspección Electoral la apertura de un procedimiento contra Francisco Gamboa, candidato a la vicepresidencia por el partido Pueblo Soberano.
Todo responde a una denuncia del diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), por la participación de Gamboa en una asamblea de Pueblo Soberano mientras eran funcionario del Banco Nacional.
El jefe de letrados del TSE, Juan Luis Rivera, explicó que cuando se recibe una denuncia que cumple con todos los requisitos, la Sección Especializada puede ordenar que la Inspección Electoral realice una investigación preliminar.
Señaló que esa instancia es la que lleva a cabo audiencias, recibe pruebas y otorga al denunciado el derecho a defenderse. Solo después de ese trámite, la Sección Especializada se pronuncia en primera instancia.
En este caso, la Inspección concluyó una primera indagación y presentó un informe que recomendaba abrir el procedimiento formal, lo que fue acogido por la Sección Especializada.
Rivera recalcó que el traslado a la Inspección Electoral busca asegurar que al denunciado se le respeten todas las garantías procesales.
“Lo que corresponde es que la persona tenga derecho a aportar prueba y defenderse sobre los hechos que se le imputan, y ese tipo de actividades procesales las debe realizar la Inspección Electoral, según el Código Electoral”, explicó.
Consultado sobre la duración del trámite, Rivera fue enfático en que no existe un plazo definido: “No hay forma de establecerlo porque depende de cada caso en particular. Puede requerir más audiencias, recabar prueba adicional o resolver recursos. Eso puede acelerar o alargar el proceso. En algunos casos se resuelve rápido, en otros puede tomar meses o incluso años”, precisó
El funcionario aclaró que, mientras el procedimiento no concluya con una sanción en firme, no existe impedimento para que la candidatura de Gamboa sea inscrita de cara a las próximas elecciones.
Las sanciones previstas por el Código Electoral en caso de confirmarse la beligerancia son: destitución del cargo público que ocupe la persona sancionada, inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos en el futuro. Y en un escenario hipotético en que Gamboa fuese electo como vicepresidente y, posteriormente, sancionado, el TSE tendría la potestad de destituirlo.
“Por la infracción a la beligerancia política están previstas constitucional y legalmente la disolución del cargo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Eso será parte de las situaciones que podrían analizarse cuando el procedimiento haya concluido”, enfatizó Rivera.
El caso de Gamboa se suma a otros cuatro en los que ya hubo sanciones por beligerancia política. De acuerdo con Rivera, esto responde a la labor activa de la Sección Especializada en atender denuncias de este tipo.
“El Tribunal debe garantizar la neutralidad política del aparato estatal y proteger la equidad en el proceso electoral. Por ahora, se trata de una etapa preliminar y todavía no sabemos cuál será la decisión final”, concluyó.
